Aprovechados, incompetentes y estafadores

Hace poco supimos que en el 2014 el Estado pagó la pensión a 29.321 personas fallecidas. Son datos del Tribunal de Cuentas. Estos casi 30.000 difuntos recibieron unos 300 millones de euros. No es un caso de administración ejemplar, que digamos. En un mundo presidido por la informática, cruzar datos es muy sencillo. Todos los muertos constan en los registros públicos, pero la Seguridad Social no se entera, se ve. Por otro lado, 30.000 familias se hicieron el listo: si esos 300 millones se pagaron, alguien los cobró. Suena a estafa. El estafado es una víctima, pero también un ambicioso incauto. Un país de estafados y estafadores es un país de aprovechados. Que haya todavía tantos timos de la estampita y que 30.000 personas, sin rechistar, cobren la pensión de un difunto no indica buena moral social, por más procesiones que recorran las calles de vez en cuando.

Por cuestiones de trámite, solicité la cancelación registral de una hipoteca amortizada tiempo atrás. El banco y yo estábamos en paz y habíamos firmado los correspondientes finiquitos, pero yo precisaba la cancelación notarial. Este documento redundante y presumiblemente simple me costó casi 2.000 euros, tenía 20 páginas y tardó cinco meses en tramitarse. Los primeros 12 folios correspondían a la historia de las fusiones y absorciones del banco (!). Coexiste, pues, tan colosal y onerosa pérdida de tiempo y recursos –que no es la única, desde luego-  con la perezosa incapacidad administrativa para detectar a los difuntos certificados. Penoso.

España es un país anticuado y moralmente muy mejorable. Unos no saben administrar, otros hacen trampas. La inmoralidad y la incompetencia no son virtudes de las que enorgullecerse. Son lamentables defectos, colectivos en este caso, sin cuya superación progresar se hace muy difícil.

El imperio del privilegio, del favor y de la irregularidad es el campo abonado para la corrupción. Como se demuestra cada día. Una cierta rectitud calvinista sería sumamente saludable.