La anulación del canon digital catalán

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el canon digital, el impuesto que la Generalitat cobraba a las empresas operadoras de internet, se mueve en la línea de actuaciones anteriores del alto organismo respecto a disposiciones normativas del Govern. Así ha ocurrido con  impuestos que duplicarían gravámenes ya existentes, según el TC, como es este último caso, o con la invasión de competencias estatales, como fue el de la ley contra la pobreza energética. Todo ello, es obvio, se ve desde un prisma altamente politizado en el clima provocado por el órdago independentista, lo que ha provocado una cascada de actuaciones del alto tribunal tras recursos del Gobierno.

El TC ha dado la razón al Ejecutivo en el sentido de que el canon se superponía con el IVA, lo que implica una doble carga fiscal. Que cinco de los 12 integrantes del Constitucional hayan emitido un voto particular discrepante de la decisión –sostienen que ambas tasas no son equivalentes entre sí– es revelador de la complejidad de una cuestión que afecta también, por ejemplo, al alcance de la autonomía financiera de las autonomías.

El impuesto de la Generalitat entró en vigor en el año 2014 y preveía el cobro a las operadoras de internet de 25 céntimos por cada usuario cuya conexión estuviera en Catalunya. Su recaudación iba destinada a financiar la industria audiovisual y la cultura digital catalanas. El hecho de que fuera aprobado por la mayoría de grupos del Parlament, solo con la abstención del PP y de Ciutadans, y ningún voto en contra arma de argumentos a quienes defienden su necesidad con ese objetivo de financiar a una maltrecha industria. El Govern esperaba recaudar unos 20,5 millones de euros anuales.

Resulta evidente, por lo tanto, que no es una buena noticia para el sector cultural en general, y para el audiovisual en particular. Un sector que ya alzó su voz a principios de año, coincidiendo con la entrega de los premios Gaudí, a raíz del evidente descenso de la producción catalana, manifestada en películas y series, una circunstancia ligada a la disminución de recursos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En estos tiempos de globalización se hace necesario un sistema audiovisual fuerte como un elemento clave de cohesión y de creación de identidad. Algo a lo que contribuía el canon digital que ha anulado el Constitucional.