Un año de reforma laboral

Los empresarios de este país depositaron tantas expectativas en la reforma laboral de Mariano Rajoy que apenas unos meses después de su puesta en marcha se llevaron una decepción porque no acababa de ser lo que esperaban. No les bastaba con que los despidos colectivos habieran aumentado un 45%, ni con que las suspensiones temporales de empleo lo hicieran en un 58%, ni con que los cambios de condiciones de trabajo que contempla la ley hayan disparado los despidos individuales. Ni siquiera que las indemnizaciones por despido se hayan abaratado de forma drástica; y tampoco su derivada fundamental: una enorme presión a la baja de los salarios.

Resulta que los magistrados no siempre resuelven a su favor, y que cuando un conflicto llega hasta el juzgado puede que la empresa pierda. La derogación del permiso administrativo para la presentación de un ERE, algo que ellos mismos reclamaron durante tantos años, ha incrementado la intervención de la autoridad laboral. Es lo que las patronales y sus abogados ahora llaman inseguridad jurídica.

Por eso hace ya unos meses empezaron a presionar al Gobierno. Querían que legislara de nuevo y redujera la capacidad de los magistrados para interpretar qué es un despido objetivo por causas económicas o cuándo se vulneran los derechos a la negociación colectiva.

Esa presión se frenó drásticamente coincidiendo con el histórico pronunciamiento de los jueces españoles en enero contra la ley hipotecaria que ampara los desahucios. Parece que los patronos se dieron cuenta del papel que está adoptando la judicatura española ante las barbaridades que desfilan a diario por las salas de justicia, y de que el horno no estaba para bollos.

Las recientes manifestaciones del presidente de la CEOE coincidiendo con el primer aniversario de la reforma laboral forman parte de la nueva estrategia patronal, que pasa por olvidar a los magistrados. Juan Rosell reclama el fin de los convenios colectivos ¿sin más-, la extensión de los minijobs y, de paso, la poda de funcionarios públicos.

Si Rosell fuera un poco más objetivo felicitaría a Rajoy porque ha conseguido aumentar la competitividad del país con una devaluación interna que pasa por el abaratamiento de los salarios. Y tendría en cuenta, además, que lo ha hecho por el interés de las empresas, porque él personalmente no cree ni en la reforma laboral ni en la reducción de las retribuciones de los trabajadores. Ahí están los datos del Partido Popular: en los últimos cuatro ejercicios ha aumentado sus gastos de personal en casi un 20%; o ha ampliado plantilla o ha subido los salarios un 5% cada año.