El año largo del desencuentro

Si aplicamos al año que termina en Catalunya la sugerente teoría de los siglos corto y largo del historiador marxista británico Eric Hobsbawm, según la cual los periodos históricos se miden por los grandes acontecimientos y no por las fechas, el 2013 no se inició el 1 de enero, sino unos meses antes, en septiembre de 2012. El 12 de septiembre, al día siguiente de la gigantesca manifestación en Barcelona en demanda de que Catalunya fuera un "nuevo Estado en Europa", marca el comienzo de la ruptura, confirmada una semana después con el veto de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal para Catalunya, una negativa que Artur Mas daba ya por amortizada.

Impresionado por la potencia de la manifestación, claramente independentista, y convencido de la necesidad de pasar a otro estadio, el presidente de la Generalitat asumió en dos horas de reunión que el pacto fiscal, señuelo con el que se presentó a las elecciones autonómicas del 2010, no tenía recorrido y ni siquiera intentó forzar una apertura de las negociaciones.

Mas leyó la manifestación como un todo y no como la expresión de una parte, muy numerosa, sí, aunque seguramente no alcanzara el millón y medio de participantes, cifra que ha quedado ya como inamovible, y se convenció de que debía ser el Mesías que llevara al pueblo catalán a la tierra prometida de la independencia. Disolvió el Parlament y convocó elecciones para el 25 de noviembre, en las que se presentó con un cartel que recordaba al Charlton Heston de 'Los diez mandamientos'.

Pero las urnas no equivalen a la calle y el batacazo fue de órdago. Cuando esperaba "una mayoría excepcional" para dirigir el proceso soberanista, se encontró con 12 diputados menos (de 62 a 50), un ascenso de ERC (de 10 a 21) y de Ciutadans (triplicó los escaños, de 3 a 9), y un Parlament más fraccionado (el otro partido central, el PSC, bajó de 28 a 20 diputados) que colocaba a CiU en manos de Esquerra.

La sentencia del Constitucional

Pese a la debilidad, Mas decidió acelerar el proceso, tras unas elecciones a las que no había acudido con un programa independentista --lo máximo que reivindicaba CiU era un "Estado propio", sin mencionar la palabra independencia--, con el objetivo de celebrar en el 2014, año simbólico por el 300º aniversario de la caída de Barcelona en la guerra de sucesión, una consulta sobre el llamado derecho a decidir, un eufemismo suave del derecho de autodeterminación, que la ONU reconoce solo para situaciones coloniales, de ocupación o de falta de libertades.

Si seguimos con la teoría del siglo largo, en realidad el año del desencuentro se inicia en julio del 2010, cuando la sentencia de un Tribunal Constitucional (TC) caducado y manipulado políticamente --con recusaciones estrambóticas, por ejemplo-- anula varios artículos del Estatut de Catalunya y reinterpreta otros muchos.

El fallo no es tan malo por la literalidad de lo que revisa y modifica, sino por la filosofía de fondo que encierra y por la forma en que se pronuncia: los magistrados del tribunal anulan por primera vez partes de un texto aprobado por dos Parlamentos --el catalán y el Congreso de los Diputados-- y sancionado por el pueblo catalán en referendo.

El pacto que muchos sectores en Catalunya consideraban la última oportunidad de encaje en el conjunto de España queda frustrado y a partir de ahí se crea el caldo de cultivo político en el que, junto al injusto trato fiscal agravado por la crisis económica, se va cociendo el crecimiento del independentismo, hasta entonces minoritario. En este contexto, las consignas del "expolio" o el "España nos roba" penetran, pese a su falsedad, en amplias capas sociales castigadas por la crisis.

Si, por una parte, Mas se entrega a Esquerra y se lanza a la carrera soberanista; por otra, el Gobierno de Rajoy se convierte en una fábrica de independentistas con iniciativas provocadoras como los desplantes del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o la 'ley Wert', que ataca la inmersión lingüistica en Catalunya, delicada cuestión que ni el Aznar de la mayoría absoluta osó impugnar.

La declaración soberanista

En este contexto, el Parlament aprueba el 23 de enero, con los votos de CiU, ERC e ICV, una declaración en la que se define a Catalunya como "sujeto político y jurídico". La declaración acarrea el primer desmarque del PSC, partidario del derecho a decidir en una consulta "legal y acordada" con el Gobierno central, y las abiertas discrepancias de Josep Antoni Duran Lleida, que recela de la inclusión, luego retirada, de la mención al "Estado propio" en la resolución.

El proceso soberanista provocará después desgarros en casi todos los partidos, especialmente entre Unió y Convergència; en el PSC y entre este partido y el PSOE, que por primera vez votan de forma distinta en el Congreso en el mes de febrero en una resolución sobre la consulta. De estas tensiones surgirá la llamada tercera vía, defendida por la opción federalista adoptada por los socialistas en Granada (julio del 2013), que incluye una reforma de la Constitución, y por Duran Lleida en un artículo periodístico (octubre).

Mientras tanto, Mas gobierna --o no gobierna-- al dictado de ERC, que impide la aprobación de los presupuestos del 2013, prorrogados, al no aceptar el límite de déficit público impuesto por Montoro, y sigue caminando por la senda soberanista, con la creación, en abril, del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), encargado de diseñar las "estructuras del nuevo Estado", y con la convocatoria del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Pese a que las llamadas al diálogo por parte de Rajoy y de Mas son frecuentes, los hechos demuestran que ninguna de las partes apuesta por el entendimiento. Rajoy porque, vigilado por José María Aznar y el ala dura del PP, opone la Constitución y la ley como muros inamovibles; y Mas porque practica la política de los hechos consumados, justificados por su locuaz portavoz, el 'conseller' de la Presidència, Francesc Homs, con un lenguaje que apela constantemente al "ellos" y "nosotros".

En estos largos meses de desencuentro, Rajoy y Mas se han entrevistado dos veces en secreto (en marzo y en agosto), sin resultado alguno. ERC es el único vencedor de la confrontación, como reflejan todas las encuestas (la primera que reveló el 'sorpasso' se publicó en junio), y los partidos centrales (CiU y PSC) y el PP no dejan de perder posiciones en beneficio de los extremos en el eje nacional (Esquerra, CUP y Ciutadans).

La doble pregunta

En septiembre, la impresionante cadena humana de la Via Catalana que recorre Catalunya de norte a sur confirma que el sentimiento soberanista no es un suflé de cuatro días y que necesita una respuesta política. Pero Rajoy no se inmuta y sigue en sus trece, mientras que las fuerzas soberanistas alcanzan, tras asomarse al precipicio del ridículo, un acuerdo sobre la consulta con una doble pregunta y una fecha: el 9 de noviembre del 2014.

Pocos creen, sin embargo, que esa consulta se celebre si, como insiste Mas, debe ser pactada con el Estado, que ya ha descartado el acuerdo porque rompería la "soberanía nacional" que reside en el pueblo español. De este pacto se descuelga el PSC, que defiende la vía escocesa de pactar con el Gobierno antes de convocar cualquier consulta.

La polémica desatada sobre la forma de efectuar el recuento, en caso de que la consulta se celebre, ilustra sobre las capacidades virtuales de la política catalana. Algo indudable, como que una cuestión tan importante como la independencia debe contar con una amplia mayoría de los votantes o del censo, se pone en cuestión por ERC y por algunos dirigentes de CiU, que aseguran que es suficiente con la minoría relativa si se impone en la segunda pregunta ("¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿quiere que ese Estado sea independiente?").

Forman parte también de la política virtual los últimos informes del <strong>CATN</strong> (el consejo asesor de Mas), que aventuran que la independencia de Catalunya mejoraría y solidificaría las relaciones con España y proponen, sin consultar a los afectados, la creación, tras la secesión, de un Consejo Ibérico integrado por España, Catalunya, Portugal y Andorra, o que el Barça y el Espanyol podrían seguir jugando en la Liga española.

Si la consulta no se celebra, Mas convocará seguramente elecciones, calificadas de plebiscitarias, que solo podrían desembocar en una declaración unilateral de independencia (DUI). El líder de CiU ha negado siempre que apoye esa salida, que ERC abona, pero la campaña para legitimar la DUI ya se ha iniciado, aunque sea al precio de manipular al Tribunal Internacional de La Haya y desfigurar su sentencia sobre la declaración unilateral de Kosovo.