La encrucijada política catalana

Angostas independencias

Las iniciativas emocionales no caben en la UE, aunque lo crean los independentismos catalán y escocés

Puigdemont, ayer, en el MIT de Massachusetts.

Puigdemont, ayer, en el MIT de Massachusetts.

ALBERT GARRIDO

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Vuelve a encenderse el faro escocés como la luz que debe iluminar la marcha del independentismo catalán. Vuelve a animarse el mercado de las comparaciones, siempre odiosas, entre el caso escocés y el catalán como si se tratara de situaciones similares. Vuelve, en fin, a forzarse el debate invocando precedentes que no lo son para construir argumentos de autoridad viciados de raíz. Veamos.

Primero. Los estados son los actores políticos de la Unión Europea. Seis fueron los fundadores y con el correr del tiempo se adhirieron al invento otros 22; no hubo instancia política o administrativa de rango diferente a la de los estados. Y cada adhesión fue un mecanismo unitario que afectó a la totalidad de un territorio estatal.

Segundo. Salvo error u omisión, prevalece en el acervo de la Unión Europea el respeto al principio de legalidad. Esto es, la legitimación de una iniciativa política solo es posible si se atiene a la ley. Las iniciativas emocionales, perfectamente respetables, no tienen cabida, aunque el independentismo catalán crea que sí y el escocés, también. Las declaraciones en este sentido de diferentes personalidades europeas, de Angela Merkel Antonio Tajani, no son ninguna sorpresa.

Tres. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte carece de una Constitución escrita y la pertenencia de Escocia a tal entidad es el resultado de la aprobación en 1707 por los parlamentos inglés y escocés de una serie de leyes (Union Act). Nada parecido sucede con el Reino de España, que no es el estado más antiguo de Europa, como suele decir Mariano Rajoy, sino un viejo estado que en su día –valen varias fechas o periodos– colocó bajo la autoridad de una sola cabeza coronada diferentes entidades políticas con identidades culturales reconocibles.

CÁLCULO DE RIESGOS

Cuatro. La supuesta benevolencia democrática de David Cameron al acordar el referéndum escocés fue fruto, sobre todo, de un estudiado cálculo de riesgos y, de forma subsidiaria, fue también el reconocimiento de que el Parlamento restituido a Escocia es el continuador de aquel otro que hace tres siglos se avino a la unión. Dicho de otra forma: lo que el Parlamento aprobó en su día puede hoy rectificarlo o revocarlo. Si ahora Theresa May pretende aplazar otro referéndum escocés a una fecha posterior a la consumación del 'brexit', es porque el cálculo de riesgos le es desfavorable

Cinco. Resulta estomagante la suposición de que la Constitución española es poco menos que un texto revelado, cuya reforma sería un acto sacrílego (lado gubernamental). 

    Resulta igualmente agotadora la obstinada afirmación de que el referéndum se legitima por sí mismo mediante una multitud en la vía pública cada 11 de septiembre (lado 'governamental'). Puesto que se trata de una crisis política y no de una discusión académica, solo admite una salida política, pero es pura fantasía vender que el apoyo a la independencia de Catalunya en los pasillos de la UE es un clamor (tampoco lo es en los doctos y honorables salones de la Universidad de Harvard, según se vio).

Seis. Si los estados son los actores políticos en cuanto afecta a la UE, a la eurozona, al espacio de Schengen y a otros ámbitos, el desgajamiento de una parte del territorio de un actor político –Catalunya o Escocia– implica empezar de cero para ingresar en el club europeo. ¿Por qué? Porque las entidades firmantes de las adhesiones, a pesar de los desgajamientos, seguirán existiendo, con una extensión, población y economía menguadas, pero no desaparecidas. Otras interpretaciones parecen juegos de manos.

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Siete. Se invoca para el caso de Escocia el precedente de Groenlandia, territorio de soberanía danesa que dejó de formar parte de la Comunidad Europea en 1985. La comparación carece de fundamento: la segregación de Groenlandia se produjo con el acuerdo del actor político de la adhesión a las comunidades, Dinamarca. Lo que pretende Escocia es cambiar los signos de la operación: quiere que se le apliquen los términos de la pertenencia a la Unión Europea del Reino Unido aun cuando el actor político de la adhesión deje de formar parte del club.

A modo de resumen: las coordenadas de una eventual independencia de Escocia y de Catalunya no tienen ningún parecido. Es indetectable el deseo europeo de que ambos procesos se consumen y, de darse un día tal situación, los dos nuevos estados se verían forzados a recorrer un angosto camino (más angosto para Catalunya si cabe). Los 'agitprop' del 'procés' deberían evitar todas las simplificaciones envueltas en la 'senyera' porque en el aeropuerto de Bruselas no aguarda ningún comité de recepción.