Amenazas a la tecnoestructura

La última providencia del TC señala por primera vez a la élite administrativa del Govern. La sombra de una condena por desobediencia, prevaricación o malversación de fondos ya no planea solo sobre los políticos 'premium', sino que es una realidad para algunos de los que mueven el engranaje técnico del Ejecutivo. Es el caso de la intervención general, la dirección general de contratación y la dirección general de presupuestos. ¿Altos cargos? Sí. Pero en algunos casos posiciones indefectiblemente ocupadas por funcionarios de carrera, como es el caso de la intervención general. Amenazándolos se amenaza, de hecho, a toda la estructura de la Generalitat.

El Estado sigue afinando y Mariano Rajoy ha forzado al TC, martillo de herejes, a seguir haciendo disciplinadamente los deberes que se niega a hacer la política. Los efectos son relevantes. Poner altos cargos, alguno necesariamente funcionario, también empresas proveedoras (en este caso a iniciativa de la fiscalía), bajo el foco de la justicia sitúa al Govern en una posición muy complicada para poder organizar un referéndum unilateral vinculante con las garantías que este requiere, y que pasan por poner en marcha, más pronto que tarde, la maquinaria administrativa que debe hacerlo posible. La amenaza de lápices caídos puertas adentro es, a partir de hoy, una posibilidad real.

El TC se carga con su providencia la aspiración del Govern de proteger jurídicamente a su tecnoestrctura. Entramos en una fase en la que cualquier acción administrativa vinculada a la futura consulta --sea explícita o disimulada-- pone en riesgo ya no solo al Govern, sino también a los que han de redactar y validar acuerdos, decretos y contratación pública.

El camino escogido, referéndum unilateral organizado desde la institución, exige una brigada Aranzadi a la catalana que haga también suyo el reto del desafío porque ya no será suficiente la primera línea del Govern. Nadie duda de la voluntad de Carles Puigdemont de cumplir su palabra y convocar el referéndum. Pero a partir de ahora el 'sottogoverno', y de rebote toda la estructura administrativa, compartirá la difícil situación que ya han vivido y viven los letrados del Parlament. Esto hace las cosas extremadamente difíciles desde un punto de vista operativo. Todo el mundo lo sabe --todo el mundo-- pero de momento la 'omertà' obliga.

¿Y si hubiese llegado la hora de reconocer que el referéndum solo tiene recorrido al margen de la Generalitat o con esta actuando al margen de la ley (al menos de la ley tal como la interpreta el Estado)?

Si el Govern no puede culminar en solitario, por ganas que tenga, un viaje que exige mucha y variada compañía, sería una bajeza que desde el soberanismo se le acuse de cobardía. La valentía es también tener el coraje de modificar la disposición de los ejércitos cuando el resultado de la batalla hace prever lo peor. En el conflicto del derecho a decidir, ni suicidarse ni capitular deberían ser una opción. Alargar las hostilidades, sí. Y esta es una decisión de los estrategas, digan lo que digan en los cafés y en las redes sociales de la retaguardia.