Opinión | Editorial

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La alcaldesa Colau y el 1-O

Catalunya en Comú ha decidido participar en el referéndum pero sin darle un valor vinculante

La alcaldesa Ada Colau y el president, Carles Puigdemont, conversan tras las ofrendas florales.

La alcaldesa Ada Colau y el president, Carles Puigdemont, conversan tras las ofrendas florales. / periodico

Posiblemente, muchos de los votantes de Barcelona en Comú no acaban de entender la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante el referéndum convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional. Posiblemente, otros muchos no hubieran entendido que hiciera otra cosa. Es evidente que en este asunto el mundo de Colau reúne sensibilidades diferentes, cuando no contrapuestas. Y eso es lo que ha intentado hacer en base a cuatro movimientos: pedir un informe al secretario municipal sobre los riesgos para los funcionarios de acatar la petición del Govern; asumir ese informe y negarse a ceder locales municipales de acuerdo con sus socios del PSC; firmar una carta junto a Puigdemont, Forcadell y Junqueras para pedir a Rajoy que pacte un referéndum, y finalmente, llamar a los seguidores de Catalunya en Comú para que participen en el 1-O entendiéndolo como una movilización sin carácter vinculante. Es evidente que esta no es una posición clara, pero posiblemente es la única que le permite no poner en peligro a mitad de legislatura su proyecto político, centrado en la emergencia social y en el ámbito local.

Los adversarios políticos de Colau intentarán afearle esta actitud. Algunos para acusar a Pablo Iglesias de mal español, y otros para evidenciar que la capacidad de desobedecer de los comunes es más limitada que la de los propios independentistas. Estas críticas, que expresadas racionalmente son totalmente comprensibles, orillan un asunto fundamental, especialmente cuando parten de los que se llenan la boca de lamentos por la división de la sociedad catalana que provoca el 1-O y critican el carácter binario del debate político. Si pensamos en el 2 de octubre, alguien deberá quedar que no lo haya quemado. Que no haya desobedecido pero que tampoco haya dado un cheque en blanco a una respuesta únicamente judicial ante este conflicto de naturaleza política. Colau corre el riesgo de que su propio mundo no entienda la complejidad de su posición en un momento de trincheras infranqueables. Pero quienes piensen así también deberían valorar que su alineamento exclusivamente con uno de los litigantes pudiera tener como consecuencia el fracaso de un proyecto nacido para luchar contra las desigualdades y contra los privilegios.