El agitado romance público-privado

Si es verdad que el roce hace el cariño, la cosa no pinta mal, ya que en los últimos años no han dejado de ampliarse las zonas de contacto. Desde la promoción de destinos turísticos al desarrollo de la investigación biomédica, pasando por la construcción y administración de hospitales, el transporte público, los parques científicos y tecnológicos, la atención a la dependencia y una larga lista de infraestructuras y servicios, la colaboración público privada (CPP) ha conocido en España una expansión apreciable.

La CPP se da cuando gobiernos y organizaciones del sector público, por una parte, y compañías u organizaciones no lucrativas, por otra, cooperan, con criterios de ganancia recíproca, en proyectos de interés general. ¿Cómo? El concepto alberga desde la subcontratación de ciertas actividades hasta las alianzas y modalidades societarias, incluyendo las concesiones, los conciertos, los programas de financiación de infraestructuras y una amplia variedad de híbridos y fórmulas mixtas.

Pese a haber crecido, el recurso de las administraciones españolas al sector privado para la provisión de servicios es, según la OCDE, todavía limitado en comparación con otros países. En Europa, Alemania y el Reino Unido casi duplican nuestras cifras con relación al PIB, y Holanda las triplica con creces. Actualmente, la caída de ingresos y la lucha contra el déficit están impulsando iniciativas de colaboración, especialmente en campos amenazados por las medidas de ajuste. Desde luego, la CPP puede aumentar los recursos disponibles para financiar políticas públicas, pero su potencial no se agota aquí. La experiencia, tanto local como comparada, nos muestra que las colaboraciones -siempre y cuando se acierte en su diseño y gestión- incrementan la innovación, amplían la base de conocimiento, facilitan la introducción de tecnología, proveen capacidad gerencial, producen ganancias en flexibilidad y eficiencia y mantienen, al mismo tiempo, niveles estimables de calidad y satisfacción de los usuarios.

Ahora bien, esa misma experiencia nos advierte de que la CPP debe afrontar problemas significativos, relacionados principalmente con el equilibrio económico de la relación. Para los gobiernos, el más importante es el riesgo fiscal, es decir, el de tener que asumir desviaciones de costes sin el debido respaldo presupuestario. Por su parte, el socio privado teme a la ambigüedad o inestabilidad de los marcos reguladores y al cambio de las condiciones que fundamentaban inversiones costosas. Los dos problemas se detectan en conflictos como el del aeropuerto de Castellón, donde la concesionaria pide el rescate por el cambio normativo que le traslada gastos no previstos, como los de control aéreo, y por la rebaja en las perspectivas de rentabilidad debida a la paralización de ciertos proyectos turísticos. Prevenir estas contingencias es un aspecto crucial del diseño de la colaboración en cada caso. El objetivo es conseguir fórmulaswin-win,en las que ambas partes alcancen sus objetivos en un marco razonable de distribución de los riesgos.

La CPP puede ampliar elstockde valor público. Pero requiere gobiernos y administraciones que, además de prevenir y equilibrar los riesgos, sepan:a)asegurar la equidad en la distribución de los bienes públicos;b)introducir los incentivos que alineen el interés empresarial con el beneficio colectivo;c)mantener la estabilidad de los marcos estratégicos y regulatorios más allá del ciclo político-electoral;d)seguir y evaluar la colaboración;e)conseguir un equilibrio cognitivo que permita superar las asimetrías de información; yf)garantizar la transparencia de todo el proceso, el pleno acceso ciudadano a los datos y una efectiva rendición de cuentas.

Por eso, como muestran, por ejemplo, las cuantiosas indemnizaciones devengadas en el caso de las autopistas radiales de Madrid, las fórmulas público-privadas no funcionan bien en un contexto de baja calidad del gasto público. La colaboración no es una patente de corso para la inversión insostenible, la opacidad, la improvisación o el despilfarro.

Lo público-privado es una opción clara de futuro. Para sacarle todo el partido posible, debiéramos ser capaces de superar un debate fuertemente ideologizado en el que unos practican el fundamentalismo de mercado y otros usan errores y fracasos concretos para descalificar todo el modelo, tratándolo como equivalente a abandonar al mercado los derechos de los ciudadanos.

Ambas son visiones erróneas. Contra lo que parecen suponer unos y otros, la CPP no implica menos Estado sino, por el contrario, más Estado y más fuerte. Para desarrollarse adecuadamente, exige gobiernos capaces y activos y una mejor dotación de talento, liderazgo ymanagementen el lado público del binomio. Nos plantea un desafío de buena gobernanza que puede y debe contribuir a consolidar y hacer sostenible nuestro modelo de bienestar. La clave del éxito no es otra que fortalecer la gestión pública. Director del Instituto de Gobernanza

y Dirección Pública de ESADE.