La agenda política contra la corrupción: un tema urgente

Estas últimas semanas los diarios y los programas informativos de varios medios se han hecho eco de las reacciones de muchos líderes políticos frente a la aparición de nuevos casos de corrupción que implican a cargos políticos, y que se acumulan a aquellos que ya eran de público conocimiento. Estas reacciones a menudo ponen de manifiesto el firme compromiso de estos líderes en la puesta en marcha de medidas que produzcan la erradicación de este tipo de comportamientos corruptos, y en el adecuado enjuiciamiento de los que han salido a la luz.

A pesar de la contundencia formal de muchas de estas declaraciones, lo cierto es que si repasamos la hemeroteca veremos que hace ya muchos años que se repite este proceso reactivo entre el descubrimiento de nuevos casos y las reacciones comprometidas. Lo podemos encontrar en la década de los 90, también en el entorno de la primera década del siglo XXI, y por supuesto en los últimos años. Por tanto, a pesar de la larga serie de reacciones indignadas de los últimos 25 o 30 años, parece que las medidas tomadas no han sido eficaces para detener este fenómeno delictivo.

ACTUACIONES DE BARRERA PREVENTIVA

Por el contrario, lo que sí se ha consolidado en estos años es una fuerte reacción ciudadana de preocupación y rechazo frontal de estas conductas. Rechazo que, de acuerdo con algunos especialistas, provoca a su vez un grave descrédito de nuestras instituciones democráticas, y la consiguiente desconfianza frente su actuación. Esta reducción de la confianza institucional es especialmente negativa en un contexto del mantenimiento de dificultades económicas en una parte importante de la población, políticas públicas afectadas por la contención presupuestaria, y desempleo aún elevado.

Es en este contexto donde el compromiso, pero también y especialmente el acierto de las medidas en la lucha contra la corrupción, adquiere una especial relevancia, ya que el margen de crédito de apoyo democrático existente en nuestra sociedad es ya bastante reducido.

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Con la vista puesta en el futuro, parece evidente que hay que poner en marcha un conjunto de medidas que actúen de barrera preventiva frente a conductas de corrupción. No podemos ser ingenuos, la corrupción en los asuntos públicos es un fenómeno que ha tenido presencia en la gran mayoría de sociedades a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, si no se actúa con acierto continuará la aparición de nuevos casos y seguirá la alarma social y el desgaste democrático que provocan. Por lo tanto, la buena orientación de la agenda política contra la corrupción se convierte en una cuestión de salud democrática de primer orden, inaplazable.

CONOCIMIENTO SUFICIENTE PARA ADOPTAR MEDIDAS  

Si hay una buena noticia en este tema, es que no somos los primeros que intentamos eliminar estas prácticas, y por lo tanto existe tanto a nivel internacional como dentro del propio país conocimiento profesional y académico suficiente para orientarnos en la adopción y contextualización de medidas preventivas anticorrupción. Tanto instituciones como Transparencia Internacional, como la OCDE, como la propia Unión Europea han desarrollado varias propuestas en este sentido.

Desde la Oficina Antifrau de Catalunya quisiéramos destacar algunas que consideramos relevantes, ya que entendemos que pueden tener un impacto real en nuestro sistema institucional. Muchas de ellas han sido discutidas recientemente en una comisión de estudio de las medidas de lucha contra la corrupción en el Parlament de Catalunya.

CINCO PRIORIDADES

Proponemos una agenda política anticorrupción que tenga las siguientes prioridades:

- Transparencia. En últimos años se ha avanzado mucho en este tema, pero todavía hay que hacer más, ya que el progreso no ha sido uniforme en todas las instituciones. Determinados ámbitos del sector público de las diversas administraciones, o los propios partidos políticos y las entidades de su entorno, aún presentan déficits muy importantes en estos aspectos, que son completamente inexplicables. Especialmente en el ámbito de la contratación pública hay que poner en abierto toda la información de la que disponen internamente las administraciones.

- Separación del ámbito de la política y el de la gestión. En la mayoría de organismos públicos, una gran parte de los directivos dependen todavía de una decisión política para ocupar el cargo. Esto es claramente una anomalía en términos comparativos con los países avanzados de nuestro entorno. Hay que separar el ámbito político del de la gestión pública, y nombrar a la totalidad de los directivos de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, sin que su adscripción política, si existe, pueda tener ninguna influencia.

- Reforzar la independencia de los órganos de control. Somos testigos demasiadas veces de complejas negociaciones entre los partidos políticos para la designación de los componentes de un órgano de control 'independiente'. Este fenómeno ha sido designado por los especialistas como la penetración de las dinámicas partidistas en las instituciones de control. Debemos ser ser conscientes de que sin órganos de control realmente independientes es muy difícil conseguir un funcionamiento adecuado de las administraciones públicas. Por lo tanto, hay que plantearse la introducción de medidas que eviten perfiles con largas trayectorias partidistas en estos ámbitos. El establecimiento de períodos previos de no afiliación puede ser una buena medida.

- Mejorar la visibilización y la gestión de los intereses presentes en torno a la toma de decisiones públicas. Aquí también se han hecho avances importantes, especialmente en cuanto a los grupos de interés. Es muy importante seguir trabajando para mejorar la gestión de los conflictos de interés, su detección, medidas preventivas, etcétera.

- Canales internos de denuncia y protección de los alertadores. Hay que garantizar la existencia en todas las instituciones de canales de denuncia seguros, que protejan la identidad de los alertadores. También es necesario establecer normativamente mecanismos de protección que aseguren que aquellas personas que, de buena fe, comunican irregularidades no puedan ser sometidas a ningún tipo de represalias.

La lista podría ser más amplia, sin duda, pero las medidas indicadas representarían un cambio significativo en el rigor y la estrategia de las políticas de prevención y lucha contra la corrupción. El coste de su implantación no es elevado, pero exigen que se pase de la simple reacción ante nuevos casos a la aprobación de una agenda política de reformas y al compromiso de su aplicación.