Un activo estratégico en venta

La ONU ha declarado el 2015 Año Internacional de los Suelos. Con ello pretende concienciar de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria mundial y la lucha contra el cambio climático y como base de un desarrollo sostenible. A la vez, desea poner en evidencia la fragilidad del suelo. Efectivamente, este activo estratégico tiene no pocos enemigos. La erosión, la contaminación, la salinización y una gestión inadecuada están comportando pérdidas importantes de suelos viables para su función productiva. Por otra parte, tierras especialmente fértiles han perdido su posible uso agrícola al ser ocupadas por el crecimiento urbano. A la vez, como tendencia a largo plazo, el posible aumento del nivel del mar debido al cambio climático puede afectar a amplias zonas agrícolas litorales y deltaicas.

Ante esta realidad, Moujahed Achouri, en representación de la FAO, afirmaba en la Semana Global del Suelo celebrada recientemente en Brasil: «Los suelos sanos son la base de la producción mundial de alimentos y deberían convertirse en un elemento clave de las políticas públicas». Sin embargo, sin menospreciar actuaciones en la buena dirección como el proyecto de ley del suelo de uso agrario de la Generalitat, no parece que nuestras administraciones públicas hayan comprendido la importancia de las políticas de defensa del suelo ni que se estén adoptando medidas suficientes.

El escenario global actual se caracteriza por tensiones crecientes en los ámbitos de la energía, la alimentación y el medioambiente. Ante eso, el suelo agrario pasa a ser un activo estratégico crítico. Se trata de un recurso esencial que se prevé cada vez más demandado, algo que está propiciando grandes movimientos geoestratégicos para obtener el dominio para uso agrario o especulativo de tierras agrícolas, con la mirada puesta en un futuro de escasez. China, Arabia Saudí, Japón, Corea y otros países están comprando millones de hectáreas de suelo agrícola en África. De hecho, está cambiando el paradigma de la agricultura global: los precios muy volátiles y crecientes han suscitado el interés de grandes empresas multinacionales de diverso signo. No es de extrañar, por ejemplo, que el gigante de la electrónica Panasonic esté iniciando actividades de producción de hortalizas.

¿Afecta todo ello a Catalunya? Entre el 2007 y el 2013, y pese a la crisis, los precios del suelo agrario se incrementaron un 8%. No existen todavía datos precisos, pero son evidentes las compras de terrenos por parte de grandes empresas, algunas de ellas procedentes de entornos sectoriales alejados de la agricultura y desvinculadas del territorio, que configuran una nueva realidad de explotación agrícola de mayor dimensión, más tecnificada y basada en trabajo asalariado. En principio, esto puede definir un modelo productivo más competitivo, pero no está desvinculado de efectos perversos.

La realidad de la aparcería y el arrendamiento de tierras en Catalunya no siempre cuenta con una adecuada formalización contractual. El contrato verbal es frecuente, algo que no ha suscitado mayor conflictividad hasta ahora. Actualmente se están produciendo cancelaciones de estos contratos verbales con la finalidad de vender las tierras a esos nuevos compradores. En el mismo sentido, aquellos agricultores que desean ampliar sus explotaciones para mejorar la competitividad encuentran mayores dificultades para adquirir los terrenos que precisan. De este modo, por diversas vías se rompe aceleradamente el sistema de la explotación familiar agraria, base de la estabilidad de amplios territorios rurales.

Las administraciones públicas deben reforzar la vigilancia ante estos cambios, que se están produciendo muy rápidamente, y adoptar medidas que garanticen el control productivo de este activo estratégico que es el suelo agrícola y que faciliten, con leyes y estímulos, formas de explotación que den respuesta al reto competitivo, con la implicación y la corresponsabilización de los agricultores. En cuanto al sistema de explotación, la fórmula que mejor puede dar respuesta a esos objetivos es el modelo cooperativo moderno o, en sentido alternativo, formas integradas de producción con relaciones win win entre productores e integradores.

En cualquier caso, las administraciones públicas deben asegurar dos prioridades. En primer lugar, reconocer la importancia de este activo estratégico, especialmente escaso en Catalunya (solo el 26,3% del total es suelo agrario), defender su disponibilidad y su calidad y evitar la pérdida de su control. En segundo lugar, eliminar definitivamente la disfuncional fragmentación de las actuaciones sobre el territorio, sobre todo integrando la dirección de las políticas agrarias y medioambientales -es decir, producción y conservación- bajo la misma unidad administrativa.