Abróchense los cinturones

“El Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia”, sentenció Carles Puigdemont en la sala del Ayuntamiento de Madrid en la que, gracias a a las pétreas convicciones democráticas de la alcaldesa Manuela Carmena, pudo desarrollarse el acto 'Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático' que el Senado se había negado a acoger.

El vicepresidente Oriol Junqueras y el 'conseller' Raül Romeva oficiaron de teloneros de un Puigdemont que habló alto y claro a un auditorio de bajo nivel institucional y político. Las ausencias (a excepción del universo Podemos representado por Pablo Iglesias) demostraron una vez más, y ya son unas cuantas, la nula voluntad de la élite política estatal de ni tan siquiera escuchar de primera mano los planteamientos del soberanismo catalán. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.

Puigdemont pidió una operación de Estado, similar al retorno de Tarradellas, para dar una salida a lo que, según recordó el propio presidente de la Generalitat, Mariano Rajoy calificó en su debate de investidura como “el reto más grave que tiene planteado España”. El 'president' también insistió, como era previsible, en la voluntad de su Ejecutivo de negociar todo lo que atañe al referéndum (fecha, pregunta, mayorías requeridas), pero dejó meridianamente claro que exige que ese diálogo sea sincero y no mero filibusterismo como el que planteó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, cuando invitó a Puigdemont al Congreso de los Diputados. La respuesta a tales peticiones había llegado ya horas antes por boca de Rajoy que volvió a insistir que tan solo es un diputado más que no tiene nada que negociar y que no cederá al chantaje de los nacionalistas.

PUIGDEMONT NO VA DE FAROL

Todo esto era, de hecho, previsible. La conferencia y las ausencias forman parte del guion de la batalla que ambos gobiernos libran en el campo de la legitimidad democrática. Pero si hubiera habido en el Palacio de Cibeles representantes del Gobierno español y de los partidos que le prestan su apoyo, se hubieran dado cuenta de que Puigdemont no va de farol y que llegará hasta donde sea necesario para dar cumplimiento a un referéndum que calificó de “compromiso inviolable”.

E ir hasta al final no es cosa baladí. Ir hasta el final quiere decir que Puigdemont, y es de suponer que al menos una parte de su Ejecutivo, contempla como posibilidad real el futuro ingreso en prisión. Porque a estas alturas sería ingenuo pensar que a la pregunta de qué está dispuesto a hacer el Estado para impedir el referéndum, la respuesta no sea todo, absolutamente todo.

Volviendo al principio, puede que sea cierto que el Estado español no tenga fuerza suficiente para impedir tanta democracia. Pero está también por ver que el Govern, el Parlament y toda la orla independentista tengan, a su vez, la fuerza, cohesión y recursos para imponer tanta unilateralidad. Abróchense los cinturones. Las sonrisas han llegado a su fin. Lo que veremos a partir de ahora no será, pase lo que pase, agradable.