9-N: persecución política

Que las consecuencias judiciales del 9-N forman parte de una caza de brujas política es una evidencia tan flagrante que ya no hay manera de ocultarlo. La consulta del 2014 fue diseñada para tener un carácter estrictamente simbólico y reivindicativo, y es por ello que Mas, Ortega y Rigau se defienden diciendo que ellos no incumplieron ninguna ley. Incluso el expresident dijo el pasado verano, en una contradicción con la épica habitual, que todo se había hecho «respetando las decisiones que tomaba el Tribunal Constitucional». Por eso, cuando hace una semana el Ejecutivo español se dedicó a difundir amenazas de represión contra el referéndum del Govern Puigdemont-Junqueras, hubo que especificar que en noviembre del 2014 no se pudo precintar ninguna urna porque lo que se hacía entonces era un proceso consultivo surgido del asociacionismo. Con este resbalón se reconocía abiertamente la utilización arbitraria de la justicia con afán persecutorio y amenazador y, de rebote, se ponía en evidencia la debilidad de la separación de poderes en España.

EL FEDERALISMO NO LLEGA

Es tan grave el asunto, que un abuso como este debería preocupar también a quienes se sitúan fuera de los límites del independentismo, e incluso a quienes viven más allá del territorio de Catalunya. En la práctica, se está intentando abatir, o como mínimo deshonrar, a unos ciudadanos españoles por una cuestión estrictamente ideológica. Cuando Miquel Iceta hace comentarios graciosos sobre el tema, no hace más que demostrarnos su frivolidad e inconsciencia, mientras que la izquierda de los comuns y Podemos, tratándolo como un asunto incómodo y secundario, evidencia cuál es el calado del cambio que predica. La inminente llegada del federalismo peninsular, que los más cínicos predicaban y los más ilusos se creían, es desmentida por un silencio inquietante de aquellos que prefieren poner en peligro sus propias libertades antes que reconocer el derecho de los catalanes a la disidencia.