27-S, las autonómicas más importantes

Finalmente, el president Artur Mas firmó este lunes, con un exceso de escenificación, el decreto de disolución del Parlament de Catalunya y de convocatoria de las elecciones autonómicas para el 27-S. Un decreto sustancialmente igual al de anteriores comicios, porque  se convocan con la misma legalidad y con la misma finalidad: elegir a los diputados que han de formar mayorías para gobernar la Generalitat de Catalunya. Con todo, es evidente que la voluntad expresada por el propio Mas, y por la candidatura que le propone de nuevo para presidir la Generalitat, de hacer una lectura de los resultados de estas elecciones como si fueran los de un referéndum sobre la independencia de Catalunya no puede dejar a nadie indiferente.

En primer lugar no deben quedar indiferentes los electores, tanto los que han participado en los últimos años en las movilizaciones independentistas como los que se han opuesto, y menos aún los que las han contemplado desde la indiferencia. La participación electoral es un derecho que se ejerce libremente, pero en esta ocasión hay que entender que entre las consecuencias de la abstención está dejar el futuro de Catalunya solo en manos de los que desean la independencia, que, alentados por el trasfondo plebiscitario, se van a movilizar todos.

Tampoco los partidos y las candidaturas pueden permanecer indiferentes a la importancia de estos comicios. Sea cual sea su propuesta política, hay que exigirles la máxima claridad. Si lo que se pretende es provocar la ruptura de la legalidad vigente con determinadas mayorías, es imprescindible dejar claro de qué estamos hablando, de votos o de escaños, y justificar por qué motivo un paso tan trascendental como este se pretende legitimar con mayorías inferiores a la reforma del Estatut o la Constitución, por ejemplo. Y  todavía más importante es evidenciar los riesgos de una pretendida secesión unilateral. Igualmente, los que acudan a las urnas planteando una solución pactada con el resto de España han de dar cuenta de sus potenciales aliados y de sus contenidos reales.

Finalmente, el Gobierno de España y el resto de instituciones del Estado tampoco pueden dejar de atender la importancia de las elecciones del 27-S. Les corresponde constitucionalmente velar por el cumplimiento de la ley. Pero también cabe exigirles coraje e inteligencia para hacer política.