Opinión | Editorial

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Una ley ómnibus con carga ideológica

 La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales. 

La política catalana se ha visto agitada últimamente por los recortes del Govern, la confrontación previa a las elecciones municipales y sus pactos posteriores, la necesidad de aprobar los presupuestos de la Generalitat y la llamada ley ómnibus. Tanto los pactos municipales como el presupuestario dibujan una alianza de fondo entre CiU y el PP, por lo que la batalla que se avecina con el resto de la oposición se centrará en la ley ómnibus, esa piedra lanzada al estanque de la política catalana que, nada más ser anunciada, ha tenido la capacidad de agitar a la mayoría de los sectores afectados.

Y los afectados son muchos porque esta ley cajón de sastre pretende nada menos que reformar 80 textos legales anteriores mediante un proyecto de 274 páginas y 631 artículos. Ante la ola de protestas levantada, el Govern ha rectificado con rapidez el periodo de exposición pública, ampliándolo de una semana a tres, y ha admitido la posibilidad de trocear el texto, que presenta problemas de forma y de fondo.

La forma

La primera objeción a la ley ómnibus es formal. Aunque el propósito del Govern es loable -reducir trámites burocráticos, simplicar la Administración y estimular la actividad económica-, el texto recuerda demasiado los abusos que tanto los gobiernos del PSOE como los del PP cometían con las llamadas leyes de acompañamiento de los presupuestos, donde se incluían cuestiones diversas que no se habían podido colar en otras disposiciones. A menor nivel, el último ejemplo es la ley de economía sostenible del Gobierno de Zapatero, que regulaba hasta las descargas de internet. Y los tribunales, Constitucional incluido, ya desautorizaron este método.

La simplificación administrativa es urgente, pero no hasta el punto de revisar 80 leyes de una sola tacada. Ante las críticas de la oposición de que se hurta el debate en el Parlament, no es de recibo el argumento del portavoz del Govern de que demasiados debates solo contribuyen a fomentar la desafección política.

El fondo

Pero la ley ómnibus tiene también problemas de fondo. No es solo, como se ha repetido, que desmonte gran parte de lo hecho por el tripartito de izquierdas. Tal como está concebida, la ley desnaturaliza también muchos textos legales -una treintena- aprobados durante los gobiernos de Jordi Pujol. Todo indica que el fuerte componente neoliberal de la CiU actual se impone sin remilgos frente a ciertos modelos cercanos a la socialdemocracia o a la democracia socialcristiana que defendía la Convergència de Pujol.

Aquí se podría citar el intento de privatizar el uso de las intalaciones sanitarias públicas -que, curiosamente, ha soliviantado a las clínicas privadas porque perderán clientela-, la privatización de la explotación del agua o la negación de la asistencia sanitaria a los extranjeros -los inmigrantes entre ellos- que no lleven seis meses empadronados. Por no hablar de la desregulación total de la vivienda pública, la supresión de los informes de impacto ambiental en muchos casos, la limitación del parque natural del Cap de Creus o el final de la protección de algunas aves cantoras, temas, estos últimos, que han desatado la ira de los ecologistas.

El neoliberalismo, sin embargo, se acaba en las disposiciones que afectan a la cultura o a los medios de comunicación públicos, donde se produce una rebaja de la autonomía de las instituciones intermedias.

Además de que es muy díficil justificar que la reducción de un parque natural o las multas por parte del Servei de Trànsit a las prostitutas de carretera tengan algo que ver con la simplificación administrativa o con el estímulo a la economía, el Govern debería reconsiderar la forma y parte del fondo de la ley. CiU tiene todo el derecho a modificar las leyes si tiene mayoría para ello, pero no de esta manera.