Déficit autonómico

El Partido Popular ha puesto en tela de juicio los datos de las cuentas públicas de los gobiernos de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía, de momento. Para hacer más ruido, en el primer caso ha llegado a decir que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios, a lo que el PSOE ha contestado con reproches por las elevadas deudas de la Comunidad Valenciana y Murcia. Y después de levantar una enorme polvareda política con esas acusaciones, Mariano Rajoy ha ofrecido «lealtad institucional» al Gobierno si habla a «calzón quitado» de las comunidades autónomas y convoca una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar algo que ya está pactado, la reducción del déficit autonómico. Es decir, primero siembra el desconcierto con una oleada de imputaciones y después ofrece la salvación. Hay que recordar que hace una semana el PP no envió a sus consejeros de Sanidad a una reunión sectorial para tratar la llamada crisis del pepino con el argumento de que la mayoría de los titulares de esos departamentos estaban en funciones. Sería cómico si no fuera tan grave.

Y es grave porque ayer mismo un medio tan influyente como elFinancial Timesse hacía eco del desbarajuste autonómico que amenaza la reducción del déficit, a la vez que la agencia de calificación Moody's se refería a la situación española señalando que Catalunya desafía al Gobierno central, que carece de instrumentos para asegurar el cumplimiento de los objetivos a que está comprometido ante Bruselas y ante los mercados. La Comisión Europea recomendará hoy a España que controle mejor el gasto de las autonomías, puesto que si estas administraciones no cumplen será imposible alcanzar el paulatino equilibrio de las cuentas públicas, algo que ya de por sí es difícil. Es una asignatura esencial, dice el comisario de Finanzas, para que nuestro país mantenga la distancia con los países periféricos.

Hacer oposición integral en todas las cuestiones, por delicadas que sean, es discutible, pero legítimo. Si exagerar las dificultades financieras de las autonomías es una estrategia para poner contra las cuerdas al Gobierno central, hay que decir que, en estas circunstancias, es muy peligroso. Pero si en realidad de lo que se trata es de echar las culpas a otros y justificar así políticas que se van a aplicar y que no figuraban en los programas electorales, lo que se hace es contribuir al menoscabo de la esencia de la democracia.