Pendiente de cobro

El Congreso debate hoy dos mociones de CiU y del PP sobre los anticipos del Gobierno central a las comunidades autónomas a cuenta del fondo de competitividad del 2011. Catalunya espera cobrar por ese concepto 1.450 millones; y Madrid, con 1.000 millones, ya ha anunciado un recurso.

La polémica se centra en la interpretación legal de la ley de financiación de las autonomías. El Gobierno sostiene que esta normativa autoriza los adelantos, pero no le obliga; y cree que esa práctica correspondía al periodo previo a la nueva ley, pero que su plena vigencia -este año- los hace innecesarios. La decisión del Govern de eliminar el impuesto de sucesiones y renunciar a los ingresos que le reportaba, en paralelo al incumplimiento de su objetivo de déficit y las exigencias sobre las cantidades a cuenta han contribuido a la falta de entendimiento. En una situación normal, la discusión tendría menos sentido puesto que las autonomías podrían tomar prestados de los mercados esos recursos adeudados y devolverlos tras el cobro. El problema surge cuando se llega al límite de la emisión de deuda, la liquidez se restringe y además se encarece, como pasa ahora.

La iniciativa de CiU que se discute hoy insta al Gobierno a que adelante las cantidades a que Catalunya tiene derecho, mientras que la del PP alude de una forma genérica a la obligación del Ejecutivo de cumplir con la ley aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio del 2009, una votación, por cierto, en la que las comunidades gobernadas por los populares se abstuvieron. Una propuesta idéntica de CiU contó con el apoyo del PSC en el Senado, aunque hoy sus diputados no actuarán igual. Esta divergencia ilustra las contradicciones del PSC, alineado con el partido del Gobierno por formar parte del mismo grupo parlamentario y blanco a la vez de los ataques del resto de partidos catalanes, que lo acusan, no sin simplificar, de poner por delante el PSOE a Catalunya. El PSC tendrá que resolver de alguna forma esta contradicción, que se le presentará a menudo.

La campaña del 22-M no es el mejor escenario para debatir este complicado asunto que, como ha señalado elconsellerAndreu Mas-Colell, es más de lealtades que de legalidades. Más de diálogo que de enfrentamiento. Lo que dicta el sentido común es que, tras las elecciones municipales, ambos gobiernos cierren un acuerdo sobre la letra de la ley y sobre los pagos a cuenta.