La crisis y el riesgo de colapso judicial

Que en España la justicia es muy lenta no constituye ninguna novedad, sino que, desgraciadamente, forma parte del paisaje social de varias generaciones y se remonta a mediados del siglo pasado. Quizá por eso a la Generalitat, que en Catalunya tiene una parte sustancial de las competencias en la materia, le ha parecido que no supondría ningún trauma especial aumentar algo más esa dilación en aplicación de las medidas de ahorro para combatir el déficit público. Entre otras medidas, el Govern ha decidido cubrir únicamente la mitad de las plazas que vayan quedando vacantes en los juzgados y no renovar el contrato a los interinos de auxilio judicial de refuerzo.

Este recorte, como era previsible, ha soliviantado a los sectores judiciales con independencia de su adscripción ideológica o sindical. Magistrados y personal coinciden en rechazar frontalmente el tijeretazo, y aunque es sabido que en la judicatura abundan el corporativismo y unos hábitos que no siempre se corresponden con lo que exige una sociedad moderna, no parece exagerada la advertencia de que los juzgados pueden llegar al colapso. Porque el aumento de pleitos a consecuencia de la crisis hace aún más difícil impartir justicia a su debido tiempo.

¿Qué se puede hacer para paliar un panorama tan desolador? Por lo pronto, apelar al sentido de responsabilidad de quienes integran la maquinaria judicial, un activo que la mayoría ya tiene. Pero eso no es suficiente. Es urgente aplicar medidas estructurales que ya han sido aprobadas pero no puestas en práctica, como la llamada oficina judicial, un sistema que debería optimizar el trabajo del personal mediante su compartición por varios juzgados. El uso eficiente de la informática es otra medida insoslayable

-parece increíble, pero hay jueces que no usan el correo electrónico-, al igual que formas de organización más modernas.

Sin embargo, es innegable que una parte de los problemas solo tienen solución con más presupuesto. No les falta razón a los magistrados cuando lamentan que la puesta al día de los medios de la justicia no ha sido una prioridad de los sucesivos gobiernos: se ha mejorado, eso sí, pero hay mucho camino por recorrer para que la justicia sea rápida, que es casi tanto como decir que sea justa.