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El debate sobre los estupefacientes

Los beneficios de ilegalizar las drogas

Sacan provecho los grandes distribuidores y la industria de la seguridad que combate el tráfico

Lunes, 17 de enero del 2011 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
José Antonio Martín Pallín

La ilegalización de las drogas no beneficia a los adictos a su consumo, a los que envuelve en un drama que les sume en un estado de marginación social y les convierte en casi seguros reos de delitos que un sistema, fracasado de forma clamorosa, les lleva a la doble condición de enfermos y delincuentes arrojándolos fuera del sistema de convivencia social, dificultando, salvo heroicas excepciones, cualquier posibilidad de curación e integración.

LEONARD BEARD

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Información publicada en la página 7 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 17 de enero de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

No beneficia a su entorno. Los daños y estragos no limitan sus efectos a los drogadictos. Se extienden a los familiares y amigos cercanos convirtiendo la convivencia en un verdadero infierno. El drama alcanza su punto culminante cuando la incapacidad para procurarse las dosis necesarias les lleva a extorsionar a las personas que les son más cercanas, exigiéndoles violentamente dinero para obtener una dosis.

No beneficia al Estado de derecho y a la estabilidad de los sistemas democráticos. Todos los encuentros internacionales que han abordado la compleja posibilidad de encontrar alternativas han coincidido en la necesidad de reaccionar ante el fracaso endémico del sistema penal. Después de más de 40 años de ensayos basados en el incremento de las penas y la rebaja de las garantías se ha constatado que el fiasco ha sido estrepitoso. Un seminario internacional celebrado en Lima en febrero de 1990 rechazó de forma tajante las propuestas que emanan de la Convención de Ginebra para la lucha contra la droga. Este organismo ha derribado límites infranqueables del derecho penal como la propuesta de criminalizar el consumo. Su tarea consiste en celebrar innumerables reuniones cuyas conclusiones han sido inanes. Podemos preguntarnos cuánto nos ha costado desde su creación en diciembre de 1988. Si la transparencia es un valor esencial de la democracia alguien debe publicar las cifras sobre el funcionamiento de ese organismo.

No beneficia al sistema penitenciario, que se ha visto superado por el aumento espectacular de reclusos condenados por trafico de drogas. Pocos jefes de grandes cárteles, algunos más de los escalones intermedios y numerosos distribuidores a escala media o menor que intensifican nuestra ya saturada población carcelaria. La droga forma parte de la vida penitenciaria, crea luchas por el poder, origina víctimas y llega a corromper a funcionarios relacionados con su entorno.

Beneficia a determinadas reacciones desproporcionadas. En el seminario de Lima se advirtió que enfrentarse a la lucha contra la droga con un enfoque bélico y la militarización tiene grandes posibilidades de incrementar la violencia y muy pocas posibilidades de contribuir a la resolución de este problema. La guerra es un negocio para los productores de seguridad. Siempre necesitan un enemigo, pero, como ya les advirtió Nils Christie, hace muchos años que no engañan a todos. Se trata de una guerra sin combatientes enemigos. Se les presenta como lo suficientemente fuertes para movilizar toda la energía de una nación, pero al mismo tiempo son lo suficientemente débiles para no ser nunca realmente peligrosos y así poder seguir la guerra mientras los dirigentes necesiten una guerra.

Beneficia el enriquecimiento desmesurado de los que controlan el tráfico a gran escala. Los estudios sobre el valor añadido de la transformación de la hoja de coca son científicamente irrebatibles. La hoja se vende en los mercados andinos como un producto agrícola de bajo coste. Machacada en una especie de mortero y mezclada con aditivos baratos multiplica su valor por mas de cien. Esa pasta básica se lleva a unos laboratorios rudimentarios que, con un escaso coste, la convierten en clorhidrato de cocaína dispuesto para ser consumido. El transporte masivo hasta los lugares de donde parte en cargamentos que superan la tonelada implica riesgos que encarecen su precio hasta cotas que no alcanza ningún otro producto o materia prima. El paso sucesivo hasta que llega a manos del distribuidor al por menor incrementa exponencialmente su precio. Mientras no se rompa esta inercia, es difícil, por no decir imposible, que el derecho penal resulte lo suficientemente disuasorio.

Algunas propuestas alternativas. Un grupo de profesores universitarios y magistrados firmamos en 1991 un manifiesto por una nueva política. Nos rebelábamos frente a la nefasta política sobre drogas que padecemos desde hace unas décadas. ¿Por qué esta machacona resistencia a intentar vías alternativas? La propuesta alternativa partía de la base legal que proporcionaba la ley del medicamento. En ella se considera que los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas son medicamentos. La ley fue modificada en el 2006 eliminando estas sustancias. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene equiparando el tabaco y el alcohol a los estupefacientes, por lo que están abiertas las vías para un tratamiento que permita un sistema de distribución controlado. Magistrado del Tribunal Supremo.

Comisionado de la Comisión de Juristas de Ginebra.

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