Una ley rotunda contra el humo

Cinco años después de la entrada en vigor de la ley antitabaco, ayer se implantó la ampliación de los supuestos que ya se contemplaban hasta llegar a una práctica prohibición de fumar en todos los recintos públicos cerrados y al aire libre en los alrededores de centros sanitarios y educativos. Ha pasado un año desde que el Gobierno anunció su propósito y han tenido que transcurrir 12 meses de trámites administrativos y parlamentarios hasta la aprobación de una norma que nos equipara con países como Italia, Gran Bretaña, Irlanda y Francia, donde el veto al humo ya es una práctica habitual. Han habido presiones de todo tipo, en especial de las agrupaciones empresariales del ramo de la restauración y la hostelería, temerosas de perder clientela por culpa de la medida radical, pero al final se ha impuesto la cordura para evitar excepciones que, conociendo el alcance real de las consecuencias del tabaco en fumadores activos y pasivos, eran a todas luces incongruentes con la política sanitaria.

En entornos en los que la tradición del tabaco estaba tan o más arraigada que en España, la ley ha sido contundente desde el principio y se ha respetado a rajatabla. No así en nuestro país. En la ley 28/2005 se intentaba demostrar la voluntad del legislador en contra del tabaco dejando abierta la puerta a medidas discrecionales que obligaron a los propietarios de locales a realizar unas inversiones que ahora se convierten en un gasto inútil, una queja que los empresarios formulan con toda la razón del mundo.

La hostelería cumplirá la nueva ley antitabaco aunque pierda clientes

Pero el momento definitivo tenía que llegar tarde o temprano, por la propia dinámica de la ley y de los criterios científicos en relación al daño que el humo puede causar. Este 2011 comienza con una prohibición sin medias tintas que va a favor de la racionalidad y no tiene por qué incidir en la marcha de negocios como bares y restaurantes, puesto que estarán todos en las mismas condiciones. Por la experiencia vivida en otros países, el hecho de no poder fumar en espacios cerrados no provoca menos afluencia de clientes, una vez que la norma se convierte en costumbre. Es preciso reclamar, eso sí, que la Administración haga cumplir la ley con rotundidad, con una inspección férrea, aplicada en todo el Estado.