Internet: la pugna que viene

Las quejas de Telefónica sobre lo «insostenible» del modelo de internet en España, secundadas por su competidora Vodafone, revelan la voluntad de ambas compañías de modificar la política de precios vigente, y singularmente las tarifas planas. Aducen las operadoras que el acceso general a internet -las 24 horas del día y con la velocidad pactada en cada caso- provoca desigualdades entre los clientes, ya que el 5% de estos (los que hacen un uso más intensivo de la red y descargas masivas) producen el 75% del tráfico, con lo que consumen mucha más banda ancha que los usuarios medios, que en la práctica acaban «subsidiando» a los primeros. Hábil argumento con el que las operadoras esperan poner de su parte al cliente medio para que acepte una segmentación de tarifas que a priori sería más justa y favorable a sus intereses.

El consumo masivo de ancho de banda está a menudo ligado a la descarga pirata de música, películas y otros contenidos, lo que beneficia a los usurpadores de derechos y a los intermediarios -vía publicidad-, pero perjudica gravemente a los creadores. Procede, pues, revisar el modelo, aunque es lícito sospechar que el objetivo de las telefónicas no es tanto esa racionalización como un aumento puro y duro de sus ingresos.

Internet ya es en muchos aspectos un servicio esencial. Obviamente, las compañías que dan acceso a la red deben velar por la rentabilidad de sus inversiones, pero la Administración debe hacerlo por la transparencia y la no discriminación. La pugna que se entrevé no puede decantarse en perjuicio de los consumidores.