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El 25 de abril del 2009, las autoridades sanitarias de todo el mundo, incluida la OMS, dieron la voz de alerta para advertir de que los brotes de gripe A que se habían detectado en México podían convertirse en un plazo indeterminado en una pandemia de alcance global. El hecho de que aquel anuncio se produjera durante un fin de semana contribuyó a que cundiera la alarma. Ahora, con la perspectiva del tiempo, parece muy claro que hubo precipitación; o, como mínimo, exceso de información perfectamente prescindible.
Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 03 de agosto de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)
España, como la mayor parte de la UE, se encuentra ahora con los almacenes frigoríficos de la sanidad pública saturados por millones de unidades de vacuna contra la gripe A que no han sido utilizadas y que nunca lo serán porque los propios médicos no lo han considerado necesario. Las prisas con que se comunicó a la población la llegada de la epidemia son las mismas con que se persiguió a los laboratorios para que dieran con el antídoto e iniciaran su fabricación. De esas urgencias se derivó también que el precio del medicamento fuera más elevado que el de sus homólogos, hasta el punto de que cada unidad de las compradas por el Ministerio de Sanidad supera los siete euros de precio unitario, 10 veces más que el de la vacuna común de la gripe.
Aunque el Gobierno español tuvo la precaución de comprometerse solo al pago de aquellas dosis que retirara de los laboratorios, los 28 millones de euros de coste del material almacenado que será destruido son una denuncia de los errores que se cometieron para afrontar el problema.
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