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El Parlament votó ayer la prohibición de las corridas de toros en Catalunya a partir de enero del 2012. Una mayoría clara de 68 diputados contra 55, y nueve abstenciones, apoyó la iniciativa legislativa popular (ILP) –la primera que triunfa en la Cámara catalana– que acaba con la llamada fiesta nacional en la comunidad autónoma. De la propuesta quedó finalmente excluida una mención expresa al mantenimiento de los correbous como celebración popular de tantas localidades del país.

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 29 de julio de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)

Los dos grupos mayoritarios, CiU y PSC, dieron libertad de voto a sus diputados en un intento ingenuo y mal disimulado de restar trascendencia a una decisión de la que de antemano se conocían sus repercusiones, quizá desproporcionadas, pero reales. En otras situaciones de menos enjundia ninguna de las dos formaciones ha permitido el libre albedrío de sus parlamentarios. Mucho menos justificado estaba en esta ocasión, en la que se trataba de prohibir una actividad que no es ilegal y que se practica en distintos países con los que compartimos rasgos culturales. Prohibir tradiciones o aficiones, más o menos arraigadas, que tantos ciudadanos comparten, siempre es arriesgado. Y, sobre todo, innecesario.

La expectación levantada por la votación de ayer dentro y fuera de nuestras fronteras responde a cuestiones que tienen que ver con la liturgia y el exotismo de las corridas. Pero también con los aspectos identitarios y políticos innegables de la decisión. Es probable que los promotores de la ILP no tuvieran más interés que proteger a los animales, y que lo centraran en los toros y no en la caza de cualquier tipo de animal, por ejemplo, sin otro propósito que el abolicionista. Pero lo cierto es que en Catalunya –como en otras zonas de España– ya se habían desarrollado campañas contra la imagen publicitaria de Osborne en las carreteras porque el perfil astado se identificaba con cierta idea de España, unas campañas que aquí tuvieron su epílogo en el burro catalán del capó de los coches. Curiosamente, es la estampa del toro creada por Josep Renau, republicano, comunista, exiliado y perseguido por el franquismo, y en la que se inspiraron las bodegas citadas y una conocida marca de vaqueros, la que fue utilizada para identificar a la España intransigente.

Por eso, quienes tratan de negar los aspectos identitarios del debate taurino se equivocan, como demuestra el caso canario, donde la prohibición de los toros en 1991, cuando hacía siete años que no se celebraba una corrida en el archipiélago, pasó casi desapercibida. Allí, como aquí con los correbous, se preservaron las peleas de gallos, pero la prohibición de las corridas de toros, en profunda decadencia en aquella comunidad autónoma, no se interpretó como una negación de España o no fue percibida así.

La relación con España

En un intento inútil, algunos miembros del Gobierno central se apresuraron ayer a restar trascendencia política a la votación. El pronunciamiento del Parlament, cuya legitimidad no es necesario recordar, pone en un compromiso nuevamente al Gobierno del PSOE –como a sus correligionarios catalanes–, que no puede interpretarlo más que como un nuevo gesto de desafección. A la vez, parece dar una nueva oportunidad al Partido Popular para tomar distancia y tratar de hacerse para siempre con la marca España, supuestamente víctima de otra afrenta, en el enésimo intento de alimentar y rentabilizar los sentimientos anticatalanes.

Los populares se han apresurado a anunciar distintas inicitivas legislativas tanto en el Congreso como en el Senado para elevar la fiesta a la categoría de bien cultural, de manera que pueda quedar protegida por la Constitución frente a esta y otras normativas autonómicas. Se trata de un anuncio que garantiza larga vida para esta polémica, tan innecesaria como otras tantas a las que lamentablemente ya empezamos a acostumbrarnos.