Embarazo adolescente

La obligación legal de las adolescentes de 16-17 años embarazadas de informar a sus padres sobre su decisión de abortar no significa un gesto de protección hacia ellas sino un planteamiento ideológico en el que parece ser que ser madre no implica también una decisión trascendente

El miércoles 21 de septiembre entró en vigor la reforma de la ley del aborto que modifica el régimen de consentimiento de las menores para la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de este momento los padres deben autorizar la realización de un aborto en el caso de las chicas de 16-17 años. Una decisión polémica que responde a motivos ideológicos y que contradice las necesidades que tienen las adolescentes embarazadas.

Según la investigación realizada por ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en el 2014 solo un 3,6% de todos los abortos practicados lo fueron en jóvenes de 16-17 años y, de estos solo en el 12% de los casos las adolescentes lo realizaron sin consentimiento paterno. Sobre el total de los abortos practicados, eso supone el 0,44%. Con estos datos, resulta inquietante pensar por qué el Gobierno ha decidido cambiar la regulación sobre un aspecto con tan poco impacto en términos de cifras.

Por otro lado, las razones que alegan en este estudio las jóvenes para no comunicar a sus padres su decisión tienen que ver con el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, sufrir violencia en el seno de la familia o riesgo de sufrirla, etcétera. Son, sin duda, situaciones que justifican no comunicar la decisión de abortar y que apelan a la madurez y sensatez de unas adolescentes que tienen la certeza de que defender su propio criterio evitará, muy probablemente, consecuencias devastadoras. Desgraciadamente, no siempre esta posición es aceptada de buen grado cuando son las mujeres las que la defienden.

Otro elemento a tener en cuenta en esta cuestión son las situaciones de mayor vulnerabilidad para embarazos adolescentes. En este sentido, diferentes estudios -entre ellos el publicado por la Organización Salud y Familia, Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España sobre la salud pública y los derechos básicos- constatan que esos embarazos se concentran en los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos. Cuanta mayor desventaja socioeconómica, menos usan las adolescentes protección anticonceptiva y menos motivación tienen para evitar quedarse embarazadas.

Educación sexual

También de aquí se desprende la ideología que subyace en esta medida. Apelar al papel represor de los padres presenta un modelo familiar autoritario que, por supuesto, no tiene en cuenta la libertad de decisión de la joven para elegir sobre su maternidad, y además nos sitúa frente a la paradoja de considerarla immadura para decidir abortar pero totalmente capaz para decidir llevar a cabo una maternidad a una edad adolescente.

¿No deberían los padres y las madres facilitar la educación sexual de sus hijos e hijas y, ante un eventual embarazo, participar de la reflexión madura (me refiero en este caso a la madurez de los padres) sobre las consecuencias de ambas opciones? ¿No deberíamos priorizar el papel educativo de los progenitores? ¿Se ha desmostrado alguna vez que la represión ha reducido alguna problemática social? ¿Es la maternidad adolescente un camino de oportunidades vitales para una mujer a esa edad? ¿Las mujeres jóvenes que viven situaciones de vulnerabilidad social tienen derecho a decidir sus propias trayectorias vitales y desde la acción social podemos acompañarlas en la superación de los obstáculos? Son preguntas que hacen más compleja la cuestión pero que remiten a la realidad de la sociedad en la que vivimos y las necesidades que van emergiendo.

La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes daña profundamente la igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres. Pero también daña algo tanto o más estructural: la igualdad de oportunidades independientemente del origen socioeconómico de las personas y las situaciones de vulnerabilidad social que hayan vivido. Psicóloga social y profesora de la UB. Analista de Agenda Pública.