Preocupación en Cultura por los bienes devueltos a Sijena

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La Conselleria de Cultura ha expresado este miércoles su preocupación por las condiciones en que se exponen las 51 piezas del MNAC devueltas provisionalmente al monasterio de Sijena y que tal como constató EL PERIÓDICO este sábado no se muestran siguiendo criterios de conservación preventiva. "Estamos planteando una acción de comunicación con el Gobierno de Aragón. Queremos que sean ellos los que nos den la certeza de que un patrimonio que consideramos que es nuestro está en condiciones. Será más una llamada a la responsabilidad que una acción judicial. Hemos de encontrar la vía que en la que se piense sobre todo en el interés del patrimonio y que no se convierta en un elemento más de confrontación", ha afirmado Jusèp Boya, director general de Patrimoni.  

De momento, la Generalitat planteará la cuestión de una forma "educada y respetuosa", al tiempo que confía en una respuesta y en el interés del propio Gobierno aragonés en "garantizar la absoluta conservación" de un patrimonio que "aún está en proceso judicial". Y que la Generalitat considera suyo: "No fue un expolio sino una compra legal y legitima. Los objetos son propiedad de la Generalitat". Boya ha apelado también a la jueza del caso, a la que "debería preocuparle muchísimo que estos objetos pueden estar en riesgo y en unas condiciones de conservación potencialmente deficientes". Declaraciones estas últimas que, veladamente y pese a lo dicho, pueden no descartar la vía judicial.

SIN FACULTAT PARA CEDER PODERES

Y totalmente judicial es el nuevo paso de la Generalitat por lo que respeta al otro litigio que mantiene con la comunidad vecina, el de las pinturas de la sala capitular. El 'conseller' de Cultura, Santi Vila, ha presentado este miércoles un escrito al Gobierno de Aragón pidiendo que declare nulos los acuerdos que tomó en el 2013 por los que autorizaba y ordenaba las acciones judiciales necesarias para la recuperación de las pinturas de la sala capitular de Sijena. La acción, que puede parecer incomprensible, es imprescindible para iniciar un proceso contencioso administrativo contra el Gobierno de Aragón para conseguir la nulidad del proceso realizado hasta la fecha y por consiguiente de las sentencias dictadas por el Juzgado número 2 de Primera Instancia de Huesca.

La demanda se basa en la actuación de Aragón contraria al ordenamiento jurídico al defender con recursos públicos intereses privados, los de las religiosas a quien deberían restituirse las pinturas; y en el hecho de que la monja que dio poderes al Gobierno de Aragón para iniciar las acciones en su nombre, Virginia Calatayud, no estaba facultada para ello. Ni su orden (la comunidad de religiosas Comendadoras de San Juan) ni la federación de la que es presidenta (la Federación de los Monasterios de Monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén) son propietarias del monasterio de Sijena. Y no fue hasta dos años después, en noviembre del 2015, que se nombró a Calatayud comisaria pontificia de Sijena.