Nuevo grito de guerra contra la 'ley Lassalle'

Pilar Bardem, en la manifestación de artistas contra la 'ley Lassalle'. RODRIGO GARCÍA

Pilar Bardem, en la manifestación de artistas contra la 'ley Lassalle'. RODRIGO GARCÍA / periodico

OLGA PEREDA / MADRID

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Una jornada más, la cultura se revuelve contra el Gobierno. Unos días después de que abarrotaran el Círculo de Bellas Artes de Madrid gritando que no querían la ley de propiedad intelectual (conocida como 'ley Lassalle' por el apellido del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle), artistas, autores y productores han vuelto a lanzar hoy ese mismo grito de guerra. Esta vez, en la sede del ministerio, donde acaban de escenificar el 'Funeral por la cultura', con lápida y flores incluidas, como la que llevaba Pilar BardemJuanjo Puigcorbé y Amparo Balagueró.

Ataviados con camisetas negras en las que se leía su oposición a la norma, los manifestantes han asegurado que la industria cultural morirá si definitivamente se aprueba una norma (actualmente está en trámites parlamentarios) que consagra el nuevo modelo de compensación por las copias privadas que el público realiza de discos, películas, videojuegos y libros (el antiguo canon digital). Este canon se mantiene a cargo de los presupuestos generales del Estado y no de la industria tecnológica, como sucede en la mayoría de los países europeos y como antes sucedía también en España. Desde la supresión del canon, los fabricantes de teléfonos, tabletas y demás dispositivos (que no han bajado el precio de sus productos) han dejado de pagar a las entidades de gestión de derechos de autor una cantidad que ronda los 115 millones de euros. Ahora, es el Gobierno el que saca una partida de los presupuestos del Estado (de momento, cinco millones) para pagar a las entidades. Según la industria cultural, se trata de un sistema injusto (todos los españoles contribuyen, realicen o no copias privadas de contenidos culturales) que, además, está siendo cuestionado por los tribunales de justicia.

Los artistas también se quejan del excesivo "intervencionismo" que la futura norma realiza en las entidades de gestión (las que representan a autores y productores), así como la destrucción de empleo que generará. Según sus cálulos, solo en el 2013 en la industria cultural se ha perdido 25.000 puestos de trabajo. "Otros 400.000 corren peligro", añaden fuentes del sector.