La cultura carga contra el Gobierno y la 'ley Lasalle'

En su enésima declaración de guerra a un Gobierno que, en su opinión, les desprecia, la industria cultural exigió ayer en Madrid la retirada de la ley de propiedad intelectual, conocida como ley Lasalle por el apellido de su impulsor, el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. En un abarrotado Círculo de Bellas Artes, artistas, autores y productores gritaron (literalmente) que no querían esa norma. Por muchos motivos. Sobre todo por dos.

El primero, el hecho de que la ley -que actualmente está en tramitación parlamentaria- consagra algo que pone los pelos de punta al sector cultural: la compensación por las copias privadas que el público realiza de discos, películas, videojuegos y libros (el antiguo canon digital) se mantiene con cargo a los presupuestos generales del Estado y no a la industria tecnológica, como sucede en la mayoría de los países europeos y como antes sucedía también en España. Desde la supresión del canon, los fabricantes -que no han bajado el precio de sus productos- han dejado de pagar a las entidades de gestión de derechos de autor una cantidad que ronda los 115 millones de euros. Ahora, es el Gobierno el que saca una partida de los presupuestos del Estado (de momento, cinco millones) para pagar a las entidades. Según la industria cultural, se trata de un sistema injusto (todos los españoles contribuyen, realicen o no copias privadas de contenidos culturales) que, además, está siendo cuestionado por los tribunales de justicia. «No pedimos privilegios. Los titulares de los derechos deben seguir trabajando, pero parece que el Gobierno mira para otro lado. Pedimos a Europa que nos rescate», sentenció el compositor Luis Cobos, presidente de AIE (Artistas Intérpretes).

«INTERVENCIONISMO» / El otro  motivo por el que los creadores gritaron ayer «No a la ley Lasalle» es el «intervencionismo» que el Gobierno realizará en las entidades de gestión, como SGAE (autores), AISGE (artistas) y EGEDA (productores). La norma establece un catálogo de sanciones si las sociedades no actúan con la transparencia demanda. Además, la ley insta a las entidades a organizar una fundación para que habiliten una especie de ventanilla única para que hosteleros, peluqueros y otros colectivos paguen derechos de autor. «Las entidades de gestión son organizaciones privadas y ya están suficientemente controladas por auditorías externas, además de por el Ejecutivo», sentenció Cobos.

Además de los dos puntos calientes de la ley Lasalle, los artistas reunidos ayer en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, criticaron al Gobierno por no considerar la cultura un bien fundamental de la sociedad y seguir manteniendo el IVA cultural más alto de la zona euro: 21%. «La verdadera marca España es la cultura. Pero solo en el 2013 se destruyeron 25.000 empleos en nuestro sector, que, por cierto, representa el 3% del producto interior bruto», sentenció el presidente de la SGAE, José Luis Acosta.

AGUA FRENTE A CINE Y SERIES / Una vez lanzados los discursos de los presidentes de las entidades de gestión, varios de los asistentes se levantaron de su asiento para mostrar, una vez más, su indignación con el Gobierno. El cineasta Benito Zambrano (Solas, La voz dormida) puso un ejemplo muy gráfico: «En un hotel cercano a este teatro una habitación cuesta 132 euros. Al hotel le cuesta 30 céntimos la botella de agua que pone a disposición de sus clientes. Y por todo el contenido de películas y series paga 28 céntimos. Y a eso lo llaman tarifa abusiva». Tras sus palabras, el actor y productor teatral Pepe Viyuela (Aída) hizo hincapié en que Holanda también decidió subir el IVA cultural del 6% al 21%. «A los cuatro meses dio marcha atrás. ¿Por qué nosotros no?»