Teddy Bautista y dos directivos de la SGAE salen en libertad con cargos y sin fianza

Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),  el director general de la entidad, Enrique Loras, y el director financiero, Ricardo Azcoaga, han sido acusado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de un delito de apropiación indebida y de otro de administración fraudulenta. Al presidente de la entidad, además, se le acusa de un delito societario --por negarse o impedir a los socios el ejercicio de su derecho a recibir información-- por el que podría recibir una multa de 12 meses.

El juez considera el delito de apropiación indebida, que se castiga con hasta seis años de cárcel, de "especial gravedad por la cuantía defraudada". Por el de administración fraudulenta, los acusados podrían ser condenados a cuatro años de prisión. 

Bautista, Loras y Azcoaga han abandonado sobre las 19.20 horas la Audiencia Nacional en libertad con cargos y sin fianza, al considerar el juez que existía arraigo en España de los tres acusado y que la probabilidad de fuga era escasa. A pesar de ello, se les ha prohibido salir del país y se les ha retenido el pasaporte.

El presidente de la SGAE y los otros cuatro detenidos han llegado pasadas las 10.00 horas del domingo a la Audiencia Nacional de Madrid para ser interrogados tras leerles los delitos que se les imputan.

Ayer, sábado, los imputados prestaron declaración ante los agentes de la Guardia Civil que investigan una supuesta trama societaria para desviar fondos de este organismo. Las declaraciones empezaron después de que los agentes analizaran la voluminosa documentación que incautaron en el registro que llevaron a cabo en al Palacio de Longoria, sede de la sociedad.

Libertad con cargos para otros dos detenidos

Elena Vázquez y Celedonio Martín, otros dos de los detenidos el viernes, han sido puestos en libertad en las mismas condiciones que Bautista, Loras y Azcoaga (con cargos y sin fianza, pero sin poder salir del país y siéndole retenido el pasaporte) tras declarar en la Audiencia Nacional. 

Ambos han sido imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta, los mismos cargos que el presidente de la SGAE y los otros directivos, si bien en el caso de Elena Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta cuatro años de prisión. 

Vázquez es cuñada del también detenido José Neri, el director general de la SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores) --filial digital de la SGAE-- y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva. 

Celedonio Martín es un empleado de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE. Además de estas cinco personas, la Guardia Civil detuvo el viernes a Antonia García, esposa de Neri, y a Eva García y Rafael Ramos, vinculados con Microgénesis. Estos tres pasarán mañana a disposición judicial y prestarán declaración ante el juez Ruz.

Delitos societarios y apropiación indebida

Delitos societarios y apropiación indebida Los investigadores acusan a los arrestados de delitos societarios y apropiación indebida por haber creado presuntamente una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE".

Los nueve detenidos han permanecido en dependencias de la Guardia Civil --la comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, ambas en Madrid-- desde el viernes, cuando fueron arrestados por los agentes encargados del caso que están analizando los documentos intervenidos en los registros practicados en la sede de la SGAE y otros inmuebles.

En esos registros, según han señalado fuentes de la SGAE, los agentes se incautaron de facturas e hicieron una copia de seguridad de "determinadas carpetas de determinados ordenadores".

En la operación han participado más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo del 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde el 2008.

>> Más información en e-PeriódicoMás información en e-Periódico