MEDIDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Con los hogares más vulnerables

El AMB refuerza su línea de ayudas para garantizar suministros básicos como la luz, el agua y el gas

Farolillos. Manifestantes reivindican medidas contra la pobreza energética

Farolillos. Manifestantes reivindican medidas contra la pobreza energética

L. Benavides

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El número de hogares con problemas para pagar las facturas de la luz, el agua y el gas ha aumentado en los últimos años como consecuencia directa de la crisis económica. Esta incapacidad para satisfacer el pago de los suministros más básicos afecta mayoritariamente a ancianos, personas con dependencia y familias monoparentales femeninas con personas a su cargo. Para impedir el corte del suministro de estos servicios por impago en hogares en situación o riesgo de exclusión social, el Àrea Metropolitana de Barcelona ha puesto en marcha el Programa Metropolità de Mesures Contra la Pobresa Energètica 2016-2019.

«El programa responde a la voluntad del AMB de intervenir para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los hogares más vulnerables», afirma Jaume Collboni, vicepresidente del área de Desarrollo Social y Económico del ente metropolitano. El nuevo programa metropolitano cuenta con un presupuesto de seis millones de euros, que se añaden a los cinco del fondo establecido durante el mandato 2012-2015. En total, unos 11 millones de euros.

MÁS PRESUPUESTO

El nuevo fondo contra la pobreza energética persigue «evitar que se interrumpan dinámicas que se están demostrando eficientes», detallan fuentes metropolitanas, en referencia a los ayuntamientos que ya han agotado sus asignaciones iniciales. Hasta la fecha, el AMB ha subvencionado facturas por un importe total de dos millones de euros aproximadamente, según fuentes metropolitanas.

«Una de nuestras prioridades es promover la igualdad de oportunidades, combatir las desigualdades», añade el vicepresidente. «Queremos realizar auditorías de los hogares beneficiados, para ver si de alguna manera podemos disminuir o racionalizar los consumos», explica Collboni, quien considera fundamental poner en marcha medidas estructurales para estudiar las patologías de los edificios y aplicar mejoras de eficiencia energética. «El AMB, en coordinación con el Consorci Metropolità de l'Habitatge, valorará la oportunidad de otorgar subvenciones con cargo a este programa, el de mejora de barrios, renovación urbana y subvenciones a la rehabilitación», detallan fuentes metropolitanas.

DESTINATARIOS

Esta línea de ayudas, integrada en el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, respalda económicamente el trabajo en el territorio de Ayuntamientos y sus servicios sociales, encargados de orientar a los ciudadanos que soliciten ayuda. Los usuarios que deseen acogerse al programa deberán estar registrados o registrarse en alguna de las bases de datos existentes en su municipio de residencia habilitados por cada consistorio para gestionar esta problemática. Esto permitirá a los Ayuntamientos informar trimestralmente al AMB de los pagos de facturas efectuados a las compañías suministradoras.

El programa metropolitano está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica y que no exceden el máximo de ingresos brutos anuales por familia estipulados por la Generalitat para acceder al bono social: 10.841 euros para familias unipersonales, 18.429 euros para familias de dos personas y 23.849 euros para familias de tres o más personas.

Los destinatarios son en su mayoría personas mayores de 60 años perceptores de una pensión mínima de jubilación, incapacidad laboral o viudedad y unidades familiares en las que todos sus miembros están en paro. «El AMB quiere ayudar a cualquier persona que tenga este tipo de problemas, sin hacer distinciones», explica Collboni, quien aclara que las peticiones se estudiarán caso a caso por los técnicos de servicios sociales. En este sentido, los servicios sociales, de manera individualizada y justificada, podrán hacer alguna excepción en la aplicación de los requisitos en supuestos extremos contemplados en sus propios reglamentos o procedimientos.

El solicitante de la ayuda deberá estar empadronado en alguno de los municipios metropolitanos adheridos al programa (los 36 excepto Barcelona) y ser titular del contrato de suministros de uso doméstico en su vivienda habitual. Los técnicos de servicios sociales, por su parte, deberán acreditar que el hogar se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. «El perfil del llamado pobre energético se está ampliando. Cada vez hay más pobres energéticos, personas y parejas incluso con trabajo, pero cuyo sueldo no alcanza para cubrir estos servicios y otras necesidades básicas como pagar el alquiler y la comida», puntualiza Collboni.

SOLIDARIDAD

El reparto del presupuesto entre los diferentes municipios metropolitanos (los 36 excepto la ciudad de Barcelona, que cuenta con su propio programa de ayudas) responde a criterios de solidaridad territorial. Así, los 11 millones han sido repartidos en función de tres variables: la población, la tasa de paro y la renta bruta familiar disponible. 

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