Una empresa minera que protagonizó un vertido en México en 2014 se hace con la gestión de Aznalcóllar

Diecisiete años después de una de las mayores tragedias medioambientales de España, los ecologistas vuelven a poner sus miras en el río Guadiamar y la mina de Aznalcollar. La agrupación empresarial México Minorbis ha ganado el concurso internacional convocado por la Junta de Andalucía para reabrir la mina. Pero la adjudicación no ha tenido en cuenta que una de las dos empresas que conforman ese consorcio, Grupo México, protagonizó el pasado año en el río Sonora un vertido similar al español, y que es considerado el mayor desastre medioambiental en el país azteca.

La reapertura de la mina de Aznalcollar, una vez que se ha recuperado medioambientalmente la zona, fue un proyecto impulsado por el actual ejecutivo regional para fomentar el empleo en la zona, muy castigada sobre todo desde que el vertido, que llegó a las puertas de Doñana, dejó en la calle a cientos de trabajadores tras el cierre de la mina.

Sindicatos, patronal y partidos políticos aplaudían la reapertura del complejo minero con la utilización de otra de las vetas o cortas de la zona, la conocida como Los Frailes, y que según las estimaciones del ejecutivo regional cuenta con unas reservas de cobre, plomo y zinc que ronda los 30 o 35 millones de toneladas y otros 45 de "recursos probables".

Dos empresas quedaron finalistas del concurso que se resolvió el viernes: la mencionada Mexico Minorbis, cuyo proyecto consiguió una puntuación de 75,9 puntos sobre 100, y la empresa Emerita Forbes Manhattan, que se quedó con 73,6 puntos. Según informó la Junta, se han valorado aspectos como la cuantía que se destina a investigación, el plan de explotación propiamente dicho o la viabilidad económico-financiera del proyecto.

La sombra del vertido de 1998 --y la dificultad aún no resuelta para que la empresa asumiera el coste de la recuperación ambiental del espacio-- sobrevolaba todo el proyecto, por lo que el pliego de condiciones prestaba especial atención a la seguridad de la nueva explotación, fijando que la adjudicataria debía garantizar que sus actuaciones “no afectarán a los espacios naturales protegidos” y que debía asumir la restauración de la zona tras concluir su actividad. Entre las mejoras propuestas, Minorbis-Grupo México también se comprometía a asumir el pasivo ambiental que hasta ahora estaba bajo la responsabilidad de la Junta, como el mantenimiento y control de las cortas, de una escombrera o de la planta depuradora de aguas, así como la presa de estériles clausurada donde se almacenaron los lodos tóxicos y la balsa de escorrentías.

FALLO TÉCNICO

Todo bien sobre el papel, en principio. El problema ha llegado cuando se ha escarbado un poco en el historial de la empresa ganadora, Grupo Mexico, la tercera productora mundial de cobre. En agosto de 2014, en la mina de Buenavista del Cobre ubicada en Cananea (estado de Sonora) se produjo un vertido de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados. El vertido se extendió rápidamente por toda la cuenca del río, provocando la contaminación de pozos de consumo y también de riego de siete municipios, y causando la muerte de peces y ganado. Pese a los trabajos para contener el vertido, en días posteriores se registraron nuevas fugas tóxicas a causa de las fuertes lluvias, que alertaron incluso a las autoridades norteamericanas debido a que uno de los ríos afectados alcanzaba el estado de Arizona.

El gobierno mexicano obligó a Grupo Mexico a indemnizar a los más de 20.000 afectados y reparar los daños con un fideicomiso de 2.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares). La empresa, por su parte, achacó el accidente a una combinación del clima y un fallo técnico, consistente en un defecto de construcción en el sello de una tubería del río, y se enfrenta a una multa de otros tres millones.

Tras conocer la resolución del concurso, asociaciones ecologistas como WWF han lamentado la "corta memoria" del Gobierno andaluz y consideran que ha sido "un día negro" para el medio ambiente en Andalucía, por lo que han anunciado que reclamarán a la adjudicataria que de cumplida información sobre el proyecto y en el Consejo de Participación de Doñana.

Por si fuera poco, la empresa que ha perdido el concurso critica el proceso de contratación y estudia una posible querella criminal contra los miembros de la mesa técnica que fallaron la adjudicación por si pudieran haber cometido un "ilicito penal". Entienden que "en ningún momento ha cumplido con la transparencia anunciada de la apertura de las ofertas con relación a los criterios evaluables en el proceso" y una serie de anomalías en la primera fase, negando además el proceso de apertura pública de las ofertas, ya que todo se limitó a leer el acta ya preparada.