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EN EL CABO DE GATA

El Tribunal Supremo decide el futuro del hotel Algarrobico

El alto tribunal analiza este martes los fallos contradictorios del TSJA sobre si los terrenos donde se levanta el hotel son urbanizables

El Tribunal Supremo decide el futuro del hotel Algarrobico

EFE / CARLOS BARBA

El hotel del Algarrobico, en el 2012.

JULIA CAMACHO / SEVILLA SEVILLA

Martes, 2 de febrero del 2016 - 09:05 CET

La maraña judicial en la que vive envuelto el hotel Algarrobico empieza a desenredarse, y con ella el futuro del inmueble levantado a pie de playa en Carboneras, en pleno parque natural de Cabo de Gata (Almería) y cuyas obras fueron paralizadas hace justo 10 años. Los jueces del Tribunal Supremo tienen previsto abordar entre hoy martes y mañana miércoles varios de los recursos interpuestos para esclarecer si los terrenos sobre los que se levanta el inmueble son urbanizables o no, y de paso aclarar si la Junta de Andalucía es la propietaria legal de ese terreno.

La reunión resolución del TS viene a aclarar sentencias contradictorias dictadas con anterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 2012 la Sala Primera de lo Contencioso del TSJA dijo que la parcela donde se levanta el hotel no se podía construir, y que la Junta debía incluso modificar la norma reguladora del parque para que quedase claro. Sin embargo, y en otro recurso, en el 2014 los jueces de la Sala Tercera de lo Contencioso del TSJA, compañeros de los anteriores, fallaron justo lo contrario. Es decir, que en esos terrenos sobre los que se levanta el hotel sí se podía construir en el momento en que se concedió la licencia de urbanización. Y por tanto, la licencia de obra otorgada a la promotora Azata se ajustaba a derecho.

¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO?

En segundo lugar, el TS deberá pronunciarse sobre el propietario del terreno. La Junta de Andalucía vendió la parcela a una promotora a comienzos de los años 90 del siglo pasado que en 2001 solicitó la licencia de obra para construir un hotel, cuyas obras comenzaron dos años más tarde aprovechando que la administración regional clasificó la zona en 1997 como urbanizable.

El TS deberá resolver si la Junta era la legítima propietaria del terreno donde se levantó

Sin embargo, en el 2006, cuando el conflicto medioambiental ya ha estallado y las obras de construcción del hotel están paralizadas por orden judicial, el Gobierno andaluz quiso ejercer el derecho de retracto sobre el terreno a cambio de 2.3 millones de euros. La Junta de Andalucía ha llegado incluso a consignar el dinero ante el rechazo de la promotora Azata a aceptarlo, por lo que el caso llegó de nuevo a los tribunales. Ahora, los jueces del TS deberán resolver si el retracto era correcto o no, es decir, si la Junta era la legítima propietaria del terreno. Este punto está muy relacionado con la posibilidad de urbanizar o no los suelos, porque podría justificar o no la legalidad de ese retracto.

VUELTA A SU ESTADO ORIGINAL

La resolución de estos recursos despeja en buena medida el futuro del hotel, sobre todo porque servirán para desencallar otros recursos aun no resueltos en otras instancias judiciales cuya resolución podría variar en función de si el suelo donde se levanta el hotel es o no urbanizable. No obstante, una hipotética demolición aún debería esperar, ya que por ejemplo, el Supremo declaró ilegal en el 2012 la parte del recinto que invade la línea de 100 metros de protección de la costa pero la compañía reclama judicialmente una indemnización que aún no se ha resuelto.

la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central se han comprometido a demoler el edificio en cuanto haya seguridad jurídica

Asimismo, la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre tres recursos administrativos planteados por la promotora contra el ayuntamiento, el gobierno central y la Junta por el galimatías que ha sufrido estos años, cuando las administraciones le decían que podía construir, luego que no, ahora te doy licencia, ahora te la quito. Reclama 70 millones de euros, y se apoya en que la sala que en el 2014 dijo que se podía construir en ese terreno también dijo que la licencia de obras era legal y que ninguna de las tres administraciones puso pegas en el momento de concedérsela en el año 2003.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ejecutivo central se han comprometido a demoler el edificio en cuanto haya seguridad jurídica, y ya existe incluso un preacuerdo entre ambas administraciones que cifra el 7,1 millones de euros el coste de devolver ese espacio a su estado original.

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