Vía libre a 31 macrogranjas porcinas pese al cierre de las plantas de purines

Estos días se cumple un año del cierre de las seis plantas de cogeneración y secado de purines que funcionaban en Catalunya, debido a la decisión del Gobierno central de suprimir las primas a las energías renovables. El cese de la actividad puso en graves aprietos a 438 explotaciones ganaderas catalanas que vieron cómo de la noche a la mañana tenían que hallar otra salida para las 600.000 toneladas de desechos que trataban anualmente esas instalaciones. A pesar de ello, en los últimos 12 meses la Generalitat ha autorizado ampliaciones para 31 macrogranjas de cerdos, una veintena de ellas en municipios situados en zonas vulnerables en las que la contaminación de acuíferos por nitratos se mantiene o sigue creciendo.

Esta permisividad ha llevado a asociaciones ecologistas como el Grup de Defensa del Ter (GDT) a llevar el asunto al Parlament, pues no se explican por qué la Conselleria d'Agricultura «favorece» a las grandes industrias de la carne, en detrimento de la salud y las necesidades de los ciudadanos y del territorio. La treintena de macrogranjas que se han ampliado pueden albergar más de 2.000 cerdos de engorde cada una.

Desde que se aprobó la ley ómnibus del 2011 los permisos están en manos de la Generalitat y no dependen tanto de los ayuntamientos.

MÁS FACILIDADES

«Son macrogranjas promovidas por grandes grupos industriales que acaparan todo el sector y arrasan la ganadería tradicional. La mitad de la producción la dedican a la exportación, pero los purines se quedan aquí. Hasta ahora se habían topado con bastantes trabas municipales a la hora de tramitar los permisos, pero desde que estas gestiones las realiza la Generalitat se les están facilitando mucho las cosas», denuncia Sergi Solà, presidente del GDT.

Una de estas polémicas ampliaciones es la de una explotación de Sant Martí d'Albars (Osona) vinculada al grupo Tarradellas. En ese lugar había una granja con unas 250 ovejas que ahora ha pasado a ser una explotación de más de 2.000 cerdos, para lo cual ha sido necesaria la construcción de siete naves y un depósito de agua, cuyo gran consumo por parte de las macrogranjas también es denunciado como un grave problema por los ecologistas.

Joan Gòdia, subdirector general de Agricultura, asegura que todas las instalaciones «cumplen las condiciones que se les exige para poder crecer», mediante la acreditación de que tienen superficie agraria disponible para fertilizarlas o sistemas de tratamiento adecuados para ajustar su producción de purines a lo que se prevé en los planes de gestión de deyecciones ganaderas. Gòdia destaca, además, que se trata de un sector estratégico de la industria cárnica catalana del que dependen muchos puestos de trabajo.

El Grup de Defensa del Ter no ha detectado un aumento de los vertidos a ríos y rieras en el último año, aunque sostiene que han aumentado las «malas prácticas» y que ahora se arrojan más purines a los campos que lo autorizado porque la Administración no controla que los ganaderos cumplan los topes que se establece en los planes de gestión de las deyecciones ganaderas. Una acusación que avalan con sus datos sobre la creciente contaminación de los acuíferos de Osona.

El portavoz de la entidad ecologista Ipcena, Joan Vázquez, coincide con esta apreciación. «En teoría todo está controlado, pero están sobresaturando el suelo. Vierten más purín de lo que los campos pueden asumir», confirma Vázquez, cuya asociación sí que ha detectado algunos vertidos ilegales en los últimos meses en las comarcas de Lleida, como los registrados en el canal de Urgell y en la riera de la Femosa (Segrià).

Agricultura destaca que cada año se controlan de forma aleatoria 500 parcelas. «No se pueden analizar todas, pero si alguien hace mal las cosas lo podemos coger», afirma Gòdia, que recuerda que también se actúa en los casos en los que alguien denuncia una irregularidad.