En Comú Podem exige poner fecha al desmantelamiento del Castor

Un calendario para el desmantelamiento del almacén de gas natural Castor y la reclamación a la concesionaria de la instalación, la empresa Escal UGS, para que devuelva la indemnización cobrada son las dos condiciones que debatirá este martes la comisión de Industria del Congreso de los Diputados, a instancias del diputado Josep Vendrell, del grupo de En Comú Podem. El diputado ecosocialista defenderá que se restituya el paraje marítimo ahora ocupado por la estructura metálica levantada para acoger el Castor, frente a las costas de Vinaròs, en el que ha sido, en su opinión, uno de los "fracasos más importantes de la historia" de España en materia de infraestructuras, que "nunca debió iniciarse porque no era ni necesario ni viable".

"El tiempo ha demostrado que lo que el Gobierno consideró una decisión estratégica fue erróneo y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país", señala Vendrell en su propuesta parlamentaria.

El portavoz de En Comú Podem en la comisión de Industria recuerda que "en su momento fueron muchas las voces que advirtieron de que este proyecto no era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad" pero "se hicieron oídos sordos" y, tras la paralización del proyecto por los seísmos en la zona, serán "una vez más" los contribuyentes quienes tengan que hacer frente a los costes.

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"Es necesario acabar con esta estafa permanente que los lobis han conseguido imponer, en el que se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, estas se socializan", denuncia Vendrell, que recuerda que el "despropósito" del Castor costará a la ciudadanía casi 1.650 millones de euros en indemnizaciones. Por eso defiende que "no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional".

Y, por ello, espera que el Congreso emplace al Gobierno a impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a Escal UGS -una empresa filial de ACS-, en concepto de extinción de la concesión al considerar que ha existido negligencia, así como a que determinen responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por el millar de movimientos sísmicos registrados en la zona.