El gobierno de Mataró vincula la subida del IBI a ejecutar las inversiones pendientes de la Llei de Barris

La Generalitat ya se ha comprometido con el Ayuntamiento a aportar los 750.000 euros que le corresponderían en esta operación

JOAN SALICRÚ / MATARÓ

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Mataró tiene a octubre de 2016 inversiones pendientes de la Llei de Barris de la Generalitat por valor de 1,5 millones de euros, con actuaciones en Rocafonda y Palau-Escorxador, especialmente.

Corresponden a una convocatoria aprobada en el Plan inicial de 2007 –casi diez años atrás- pero nunca se ejecutaron porque ni Generalitat ni Ayuntamiento se veían capaces de aportar la mitad de la financiación de estos proyectos, como exige la ley insigne de los gobiernos tripartitos de izquierdas en la Generalitat.

Se trata de una ley que se encuentra en una situación de prorroga excepcional hasta finales de 2017; después de esta fecha se entiende que se pierde el dinero comprometido. De modo que el gobierno municipal de Mataró se ha puesto entre ceja y ceja aprovechar la oportunidad.

Hay factores objetivos que ayudan, obviamente. En los últimos meses, las cosas han evolucionado muy positivamente entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Mataró. Así, según subrayan fuentes de La Riera 48, desde la llegada de Oriol Junqueras al frente de la conselleria d’Economia i Finances ésta ha satisfecho una gran parte (4,9 millones de euros) de la deuda pendiente con el consistorio, que llegaba a 5,5 millones de euros -de estos, 3,5 estaban vinculados a pagos pendientes precisamente de la Llei de Barris-. De modo que en estos momentos “solamente” queda por satisfacer una deuda de 646.455 euros.

Lo que ayuda en la idea de poder aprovechar en 2017 –última oportunidad- el dinero de la Llei de Barris es que la Generalitat se ha comprometido a poner los 750.000 euros que le corresponderían para ejecutar las inversiones pendientes si el Ayuntamiento también hace lo mismo.

LA SOLUCIÓN DEL GOBIERNO: SUBIR EL IBI

Por lo tanto, si se quiere aprovechar esta oportunidad, hay que encontrar 750.000 euros extras en las arcas municipales. ¿De dónde los quiere sacar el área de Hacienda? Pues apuesta por un nuevo incremento del IBI de cara a 2017, a razón de 8-9 euros por habitante, de modo que aparecerían unos 650.000 euros sin tener que “tocar” para nada el presupuesto de gastos previsto. 

En concreto, se propone un incremento de los recibos del 1,75% en todos los tipos, el general y el diferenciado. Esto, aunque es un aumento, es mucho menos que los incrementos medios de los últimos años: 2013 (3,75%), 2014 y 2015 (3,85%) y 2016 (3,36%). Con estos argumentos, el gobierno municipal pretende convencer a los grupos municipales de la oposición, pues solo cuenta con 11 de los 27 concejales del consistorio.

La batalla política estará aquí porque, de momento, los dos socios más probables del gobierno –PP y ERC, aunque parezca sorprendente, porque suman los 6 votos suficientes para tener mayoría- ya han anunciado que no quieren ceder en esta cuestión del “temido IBI”.

Así, el Partido Popular –que el año pasado dio su apoyo tanto a las ordenanzas como a los presupuestos- ha dejado caer su negativa en virtud de su perfil de formación económicamente liberal. “Llevamos varios años de subidas y es hora de decir ‘hasta aquí hemos llegado’; tenemos que dejar respirar a la gente”, afirma José Manuel López, portavoz de los populares.

Por su parte, Esquerra Republicana -que finalmente se abstuvo en las ordenanzas de 2016- anunció el lunes en rueda de prensa no solamente que no acepta el incremento sino que además propone congelar este tributo el resto del mandato. Esquerra quiere primar en este caso su alma socialdemócrata y conseguir una “fiscalidad más justa y progresiva”: en relación a la tasa de la basura quiere que haya más tramos de los previstos y que se apliquen otros criterios, como el número de habitantes de una casa.

DISTINTAS POSIBLES PAREJAS DE BAILE

No obstante, hay campo para recorrer y el gobierno puede escoger entre distintas parejas de baile, porque hay tres otros grupos de la oposición –VoleMataró, ICV-EUiA y Ciutadans, que el año pasado también se abstuvo en las ordenanzas- que se muestran abiertos a negociar. El año pasado tanto VoleMataró como ICV-EUiA practicaron un discurso de clara oposición que este año se podría ver matizado.

Esto se puso de manifiesto este martes con la abstención tanto del PP como de ERC, de VoleMataró, de Ciutadans y de ICV-EUiA -también de la CUO, aunque no es probable una aproximación con el gobierno- en el pleno de aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales 2017. El gobierno (PSC y CiU) obviamente votó a favor mientras que solamente Plataforma per Catalunya y la concejala no adscrita Anna Maria Caballero lo hicieron en contra.

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