La escuela rural Casa Nostra de Mataró no podrá reabrir en septiembre

No es no. Ya lo había advertido en público y en privado -hay varios decretos de cierre emitidos-, pero este martes oficialmente el Ayuntamiento de Mataró lo ha comunicado a los padres de los alumnos de la escuela rural inglesa Casa Nostra, situada en la finca de Can Gual de la zona agrícola de les Cinc Sénies: en base a un informe de Urbanismo de la Generalitat (área adscrita a Territori), el Ayuntamiento no podrá dar el visto bueno al proyecto de legalización ni de las actividades extraescolares ni al cambio de uso de la masía para que se convierta en el espacio educativo reglado.

Esta última fórmula, la de situar el espacio educativo dentro de la masía y no en el conjunto de la finca, en un determinado momento pareció que podía ser la manera de solucionar el conflicto que desde hace meses enfronta el Ayuntamiento con los promotores de Casa Nostra, que no cuenta con ningún permiso para llevar a cabo su actividad.  

Por lo tanto, las 40 familias que habían inscrito sus hijos en esta escuela que seguía el sistema educativo inglés tendrán que buscarse ahora, con agosto por en medio, otro centro educativo donde llevarlos a partir de septiembre.

La Comisión de Urbanismo toma partido

El Ayuntamiento recibió este informe el viernes de la semana pasada, el día después que se reuniera la comisión de Urbanismo de la Generalitat que trató la cuestión. Es, de hecho, un documento emitido a partir de una pregunta formulada por el consistorio de Mataró.

El informe no permite ni legalizar las actividades extraescolares que se llevaban haciendo desde hace más de un año ni tampoco el cambio de uso de la masía, que se pretendía que pasara a ser la escuela en sí. Es más: impone una importante serie de modificaciones necesarias para que la Comisión de Urbanismo pudiera estudiar el caso de nuevo de manera que en realidad la legalización del espacio se antoja ahora mismo muy difícil.

En todo caso, fuentes municipales matizan que no es que el proyecto, conceptualmente hablando, no sea legalizable, pero sí que lo es en los términos con que se ha presentado al Ayuntamiento, esto es incluyéndole las construcciones edificadas en distintas partes de la finca.

En este sentido, recuerdan que el informe de Urbanismo asegura que hay que recuperar la naturaleza agrícola de la finca, ahora poblada por varios elementos constructivos no previstos en la ficha del catálogo de Masías: “Haría falta recuperar en la finca el carácter de suelo agrícola que le tendría que ser propio, evitando el tratamiento del espacio exterior con jardinería, que sería más propio de parques o de jardines urbanos”.

El Ayuntamiento, de hecho, ya avisó en repetidas ocasiones de que estas construcciones eran ilegales e ilegalizables –no acordes con el catálogo-, con lo cual cualquier proyecto que los incluya sería denegado.

Ensenyament también deniega la solicitud

Pero el de Urbanismo –área encuadrada dentro del Departament de Territori- no es el único documento que informa desfavorablemente de la propuesta de legalización. El Departament d’Ensenyament, a través de Serveis Territorials del Maresme y el Vallès Oriental, emitió una resolución por la cual comunicaba al alcalde de Mataró, David Bote, que se denegaba la solicitud de legalización del centro “por incumplimiento de la normativa urbanística”.

En el informe se detallan todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Mataró y recuerda que un informe de la Secció d’Informació Urbanística del consistorio emitido en abril de 2017 ya concluye que la actividad propuesta es “inviable porque no es posible adaptar las edificaciones incluidas en el catálogo de masías al programa funcional requerido para el desarrollo de la actividad de acuerdo con los condicionantes señalados anteriormente”.  

De esta forma, el Departament de Ensenyament se alinea definitivamente con el consistorio de la capital del Maresme en esta cuestión después de unos movimientos iniciales según los cuales parecía que el departamento de la Generalitat dejaba el asunto exclusivamente en manos del gobierno local. Un comportamiento que también se pudo apreciar en los responsables del área de Urbanismo.

Medidas para impedir la reapertura

Las cosas podrían ir a peor si los promotores del espacio no atienden a razones a partir de lo que se les ha comunicado hoy. De hecho, hay que tener en cuenta que el 22 de junio, la policía local intentó precintar el espacio pero los padres de la escuela lo impidieron físicamente. El Ayuntamiento anunció entonces que pediría una orden judicial para poder actuar, pero según han confirmado fuentes municipales ésta se les ha denegado porque la orden de precinto está recorrida por parte de los promotores.

Ahora las autoridades municipales se plantean derivar la cuestión a los Mossos d’Esquadra para estar seguros de que en septiembre no se retoma la actividad educativa en el centro que durante todo el curso escolar anterior funcionó de forma alegal y acogiendo niños en edad de escolarización obligatoria.  

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