Los payeses rechazan que el Ayuntamiento de Mataró les "cargue el muerto" de la sentencia del TSJC sobre Can Fàbregas

La Assemblea Pagesa del Maresme, la entidad que ha ganado el pulso al Ayuntamiento de Mataró respecto el litigio de Can Fàbregas, salió este martes al paso de los que la tachan de ser una "entidad fantasma" para reivindicarse y lamentar que se les quiera "cargar el muerto" de la situación que vive ahora la ciudad a raíz de la última sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Esta sentencia, que se conoció el pasado 13 de julio, anula todos los planteamientos urbanísticos relacionados con el solar de la antigua harinera y sugiere que el edificio de Can Fàbregas no tendría que haberse movido de allí, aunque tampoco exige al Ayuntamiento su restitución. A la misma conclusión llega la segunda querella presentada por la Assemblea al TSJC, que se hizo pública en la rueda de prensa convocada en el Cafè de Mar de Mataró y también les da la razón.

Antes que nada, los payeses quisieron dejar claro que aunque ellos son los perfectos chivos expiatorios quien ha causado la situación es el Ayuntamiento y sus múltiples errores en el proceso de Can Fàbregas. 

"Que nadie se lleve a engaño; la culpa de que no venga El Corte Inglés no es nuestra sino de quien ha hecho mal las cosas: el Ayuntamiento", afirmó con contundencia Pep Riera, exlíder de Unió de Pagesos a nivel catalán y uno de los promotores de la Assemblea Pagesa del Maresme, que agrupa agricultores de la zona de les Cinc Sénies de Mataró.

En la rueda de prensa en la cual el alcalde David Bote y la concejala de Urbanismo Núria Calpe valoraron la decisión del TSJC que EL PERIÓDICO había avanzado la misma mañana, los dos arremetieron contra este colectivo asegurando que "si ahora estamos aquí, es por aquel contencioso", en referencia a la demanda presentada por la Assemblea Pagesa.

Incumplimiento de las demandas de la Assemblea

Pero según los payeses, el Ayuntamiento no ha cumplido sus compromisos respecto las demandas del colectivo y esto es lo que explica que no retiraran sendas demandas, como pretendía el Ayuntamiento. "Se comprometieron a cambiar el trazado de la línea orbital, a recuperar la normativa del suelo de 1996 para defender los espacios agrícolas y a retirar las piezas [la Can Fàbregas desmontada] de donde están; nada de esto se ha hecho", lamentaron los payeses.

También afirman que la situación le va como anillo al dedo al propio El Corte Inglés, porque le proporciona un clavo al que agarrarse para justificar su no llegada a la ciudad. Es más, los payeses recuerdan que según el contrato firmado en enero de 2012 entre el Ayuntamiento y el centro comercial, éste debería haber empezado las obras en un período de dos meses después del acuerdo y que tenía 30 para terminar la construcción, calendario que no cumplió, como es obvio.

Este extremo, según ha podido confirmar la edición local de Mataró de EL PERIÓDICO, es cierto. Según consta en el pacto firmado por Josep Miquel Abad y el entonces alcalde Joan Mora, El Corte Inglés estampó su firma en un documento que establecía que las obras tenían que empezar dos meses después de recibir la licencia de obras y a terminar la ejecución del proyecto en un máximo de 30, abriendo las instalaciones sesenta días después. Esta calendarización tan estricta es la que en 2012 permitió al gobierno municipal apuntar que en 2014 el ansiado centro comercial podría ser una realidad.    

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"Es El Corte Inglés quien ha incumplido el contrato que firmó con el Ayuntamiento. ¿Por qué el gobierno municipal no les pide explicaciones, en vez de darnos la culpa a nosotros?", comentó Josep Alsina, abogado de la Assemblea Pagesa. 

La Assemblea espera los pasos del Ayuntamiento

¿Qué pasará ahora? En esta partida de ajedrez que libran Ayuntamiento y Assemblea Pagesa del Maresme, los últimos explican ahora que quieren ver primero cual es el siguiente que hará el consistorio, que ya anunció que presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En todo caso, de momento, el abogado Josep Alzina confirmó que de momento la Assemblea descarta pedir la ejecución firma de la sentencia, verdadera espada de Damocles que yace encima de la cabeza del gobierno municipal.

Si un tribunal confirmara la sentencia y pidiera restituir Can Fàbregas en su ubicación original, el Ayuntamiento tendría que volver a montarla en el lugar donde estaba hasta finales de 2009, cuando fue desalojada porque no encajaba con el proyecto constructivo del centro comercial. Aquella operación costó 1,8 millones de euros y ahora, remontarla en la calle Biada costaría 1,6 millones más, como mínimo.

Está por ver, no obstante, si la Plataforma Salvem Can Fàbregas y la CUP -que ha emitido un comunicado anunciando que se siente libre de los compromisos adquiridos en 2013 y se desvincula del pacto entre todos los grupos- usa esta prerrogativa y hunde definitivamente la operación de llegada de El Corte Inglés.

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