El referéndum de las pensiones

El sistema de pensiones español se basa en tres pilares fundamentales: a) equidad intergeneracional, b) pensiones adecuadas y c) sostenibilidad del sistema. La evolución reciente de la economía española ha puesto en entredicho estos principios. Por ello, hay que analizar con precisión las causas que han originado esta disfunción y actuar con urgencia para resarcir los déficits acumulados en los últimos cinco años. Solo así será posible garantizar la pervivencia y funcionamiento eficiente del sistema de pensiones, estandarte del Estado del bienestar y elemento clave en la cohesión social entre generaciones.

El progresivo envejecimiento de la población española y el inicio de la jubilación de la generación de los 'baby boomers' -la población nacida en los años 60 y 70- hacia el año 2025 auguran un aumento progresivo del gasto en pensiones del orden del 2,8% anual entre el 2016 y el 2040, hasta situarla en el 14% del PIB. Este aumento del gasto en pensiones se explica por tres motivos: 1) un mayor número de pensionistas (9 millones actualmente que pueden llegar a ser 15 millones en el 2050); 2) el incremento de la esperanza de vida a los 65 años. Se estima que en el año 2040, una vez cumplidos los 65 años, los hombres vivirán en términos medios unos 23 años adicionales y 27 años en el caso de las mujeres; y 3) el aumento de la pensión media. Los nuevos pensionistas perciben pensiones más elevadas: en el 2003 la pensión mensual media era de 625 euros mientras que actualmente la cifra se sitúa en 1.040 euros.

Actualmente, esta presión sobre el gasto del sistema de pensiones (12,7% del PIB) no puede ser cubierta por los ingresos de la Seguridad Social (11% del PIB). Habitualmente estos ingresos crecen al mismo ritmo al que lo hace la economía del país. El crecimiento económico de un país (y España no es la excepción) se explica por dos factores principales: a) el crecimiento de la productividad (es decir, el rendimiento o eficiencia con que se usan los factores de producción, particularmente el trabajo); y b) el crecimiento de la población ocupada.

El débil crecimiento de la productividad ha sido incapaz de compensar la destrucción de puestos de trabajo. La crisis económica del 2007-2013 ha provocado un aumento de la tasa de paro por encima del 20%, situó el número de afiliados a la Seguridad Social en casi 18 millones de personas (un millón y medio de personas menos que en 2007) y ha deprimido notablemente el salario minando las contribuciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores.

El fondo de reserva se agota

Por tanto, la conjunción de mayor gasto con menores ingresos ha provocado un déficit recurrente en el presupuesto de la Seguridad Social desde el 2011 y que a finales del 2016 se elevaba más allá de los 18.000 millones de euros, un 1,7% del PIB. Este déficit se ha ido paliando con cargo al fondo de reserva de pensiones. Fruto de esta dinámica, la dotación del fondo -que alcanzó un máximo de 66.815 millones de euros al año 2011- se ha ido reduciendo hasta situarse en 15.915 millones de euros a finales del 2016. La previsión es que el fondo se acabará agotando a lo largo del 2017.

Pero no hay que alarmarse por el temor a la quiebra del sistema de pensiones. El pago de las prestaciones está garantizado con el total de los ingresos públicos. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la emisión de deuda pública para seguir financiando el déficit de la Seguridad Social. El elevado endeudamiento de España (100% del PIB) o el riesgo latente de una subida de los tipos de interés evidencian que la emisión de bonos soberanos es un recurso que no puede mantenerse en el tiempo.

Un déficit estructural

El verdadero problema es la existencia de un déficit estructural en el sistema de pensiones español. En un sistema de reparto como el español, donde las contribuciones de las personas ocupadas sirven para financiar el pago de las pensiones, la sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo exige que los ingresos procedentes de la Seguridad Social permitan cubrir tanto el crecimiento en el número de pensionistas como el aumento de la pensión media.

Para el periodo 2016-2040, la tasa media de crecimiento anual de las pensiones contributivas se estima en el 1,2% mientras que la tasa media de crecimiento anual de la pensión media se situará en el 1,6%. Asimismo, se calcula que los ingresos contributivos de la Seguridad Social crecerán a un ritmo medio anual del 2,3%. De acuerdo con estas previsiones es fácil predecir un aumento anual del 0,5% en el déficit de la Seguridad Social hasta el año 2040. En consecuencia el déficit de la Seguridad Social es estructural porque no tenderá a corregirse automáticamente con la mejora del ciclo económico. Más, cuando el número de pensionistas sigue creciendo a un ritmo mayor al del incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social.

Por tanto, la corrección de los desequilibrios estructurales del sistema de pensiones requiere tanto restablecer el equilibrio presupuestario como asegurar un crecimiento paritario de ingresos y gastos sociales a lo largo del tiempo.

Para ello hay dos básicamente dos vías: reducir los gastos o aumentar los ingresos. En el año 2016 el gasto en pensiones representaba el 12,7% del PIB y las previsiones indican la posible escalada hasta el 14% del PIB en el año 2040. Sin un aumento de los ingresos, este incremento del gasto resulta inasumible. De ahí la necesidad de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años y de recortar el nivel de prestaciones a un ritmo del 0,5% anual. Según la Comisión Europea, la pensión media que en el año 2016 representaba el 83% del salario medio, se irá reduciendo hasta representar el 65% del salario en el año 2025.

Aceptar unas prestaciones menos generosas garantizaría la viabilidad del sistema. Este extremo supone una clara discriminación entre pensionistas presentes y futuros, pero no atenta del todo contra el principio de suficiencia económica, pues en la Unión Europea la pensión media representa solo el 42% del salario medio.

Por otro lado, existe la opción de aumentar los ingresos para mantener el nivel de prestaciones. Aquí existen varias opciones alternativas. La primera es confiar en un aumento del empleo. Pero esta es una opción poco realista porque se estima que mantener el nivel de prestaciones actual exigiría que el número de afiliados a la Seguridad Social creciera hasta alcanzar los 27 millones de personas en el año 2050. Sin embargo, la introducción de medidas que favorezcan la creación de más y mejores puestos de trabajo indefinidos puede traducirse en una mejora de los salarios y el aumento de los ingresos del sistema.

Amplio abanico de medidas

Una segunda opción pasaría por subir la presión fiscal. En este punto hay analistas que proponen una devaluación fiscal, es decir, la reducción de las contribuciones sociales a cargo de la empresa compensada por un aumento de los impuestos indirectos. Hay otros que consideran más oportuno eliminar las bonificaciones temporales e incrementar las bases máximas de cotización sin que ello tenga la contrapartida de una mayor pensión. Algunos autores se muestran partidarios de aumentar la base reguladora (el número de años de vida laboral que se tienen en cuenta en el cómputo de la pensión) y el número de años cotizados necesarios para percibir el 100% de la pensión. Finalmente están los que consideran oportuno que las pensiones de viudedad y orfandad se financien vía impuestos y no cotizaciones sociales.

Como se puede comprobar el abanico de medidas es amplio. Todas las alternativas tienen ventajas e inconvenientes. El reto es mantener el nivel de las prestaciones y garantizar el poder adquisitivo. Pero decantarse por una u otra opción supone una decisión demasiado trascendente que nuestros expertos y políticos no pueden asumir en solitario. Hay que convocar un referéndum vinculante que permita elegir popularmente la mejor solución colectiva.

En Dinamarca se celebró una consulta para dirimir los dilemas que les suscitaba la sostenibilidad futura de su sistema de pensiones. Entre las opciones de alargar la edad de jubilación, reducir las prestaciones o aumentar la fiscalidad optaron por la última opción. ¿Cuál sería nuestra elección?