La presión fiscal, una amenaza para las empresas

Que el 2017 vaya a ser un año de cierta desaceleración es lo que han dejado escrito los principales indicadores con los que los empresarios trabajamos. Podemos decir que pasamos de un escenario muy bueno (el de la recuperación económica iniciada en 2014) a uno de menos bueno, pero no obstante aun positivo en un contexto muy incierto. Si tomamos como referencia este año 2016 ya acabado, veremos que en un entorno nada previsible -con excesivas incertidumbres políticas y con poca determinación desde el punto de vista de unos gobiernos en funciones, débiles, y muy a menudo atemorizados y sorprendidos por las decisiones de los ciudadanos en las urnas- la economía ha funcionado bien, se ha generado empleo y el tono general de la actividad ha sido positivo. Agarrémonos a ello.

Según los datos con qué trabajamos y que analizamos las organizaciones empresariales, para el 2017 se mantiene la previsión de crecimiento del PIB del 2,3%. La previsión para Catalunya sigue siendo ligeramente superior. No cabe duda, así, que continuaremos creciendo más que la media de la eurozona. Y bien es cierto que, como decía, nos encontramos en un momento de elevada incertidumbre que puede condicionar, a la baja, nuestra capacidad de actividad y de crecimiento.

Debemos estar atentos a un escenario, en lo global y en lo local, que puede acabar haciendo mella en los esfuerzos que a lo largo de los últimos años han realizado las empresas, muchas para simplemente sobrevivir, recuperar actividad, ganar mercados en el exterior y volver a generar empleo. Sabemos que vivimos unos momentos de grandes incertidumbres y vemos que el tejido empresarial se ha ido adaptando a este entorno que se nos antoja a menudo volátil. Pero el desarrollo de los tiempos está ahí, como al acecho, y vamos a tener que estar muy pendientes de un proceso del Brexit que pueda debilitar la confianza y la inversión; de las consecuencias de la situación política en Italia tras la dimisión del Primer Ministro, Matteo Renzi, que podría desestabilizar el área euro; del impacto global de la política tendente al proteccionismo de la nueva presidencia de Donald Trump en EEUU; o de las elecciones en Francia y Alemania en este 2017. Y sin duda, una economía como la nuestra debe estar muy pendiente del repunte acusado del precio del petróleo que podrá afectar tanto a la renta disponible de las familias como a los costes de las empresas.

Presión superior a la UE

Además, la situación política interna del país tiene al mundo empresarial en un estado de alerta continua: de momento, después de casi un año con Gobierno en funciones, las nuevas medidas tributarias adoptadas para la reducción del déficit acuden, una vez más, al incremento de los impuestos que recaen sobre las empresas, cuya presión fiscal, en especial las cotizaciones sociales, ya resulta superior a la de muchos países de la Unión Europea. Nada nuevo bajo el sol: la alternativa fácil de elevar impuestos, en vez de reducir el gasto no productivo de la administración, es una política cortoplacista y de escaso recorrido. Desde las organizaciones empresariales entendemos que en materia fiscal es siempre necesario avanzar hacia reformas que mejoren la competitividad de las empresas: por el contrario, los últimos meses se han adoptados medidas muy negativas para las empresas, como por ejemplo el incremento de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, una auténtica sangría.

Estas acometidas fiscales afectan, en muchos casos, a decisiones de inversión tomadas hace meses y hacen imposible cualquier tipo de previsión de los costes fiscales de las empresas o la valoración de inversiones a realizar: esta inseguridad, unida a la alta presión fiscal, crea en nuestro país un entorno desfavorable a la inversión tanto nacional como extranjera que se pone más de relieve frente a los anuncios, en otros países, de una reducción de la fiscalidad empresarial. Perdemos competitividad.

Sabemos que el déficit público es, en el contexto económico, el principal problema de España y el factor que arriesga el crecimiento de la economía española. Si el déficit público no inicia, a partir del próximo año, una clara evolución de contención y mejora, el crecimiento del PIB a partir del año 2018 quedará cuestionado, de la misma manera que la credibilidad de España ante las instituciones europeas. Lo que es evidente, reitero, es que la contención del déficit no puede ni debe recaer sobre empresas y familias exclusivamente, en una espiral de incremento de la presión fiscal que se hace ya insostenible.

Diálogo con Catalunya

Y por otro lado, el mundo empresarial catalán quiere creer que es cierta la aproximación a Catalunya del Gobierno central desde el diálogo: es necesario dar señales muy claras y contundentes respecto a la voluntad real de resolver el conflicto político con Catalunya, que a día de hoy cuenta con un Parlamento con mayoría independentista y un proyecto político explícito que de momento, es cierto, tampoco parece que ayude al diálogo, la negociación y el pacto. Pero lo que las empresas tenemos claro es que una apuesta por el diálogo nunca es contradictoria con el cumplimiento del marco legal y el coraje político.

Qué esperamos: contención del déficit, reconducción la cuestión catalana y una política económica que fortalezca la competitividad y la productividad de la economía española y con ello impulse el ciclo de recuperación y empleo. El tejido empresarial, especialmente el de Catalunya, seguirá en su empeño de abrir nuevos mercados y consolidar sus posiciones para poder seguir generando riqueza y creando empleo.