El modelo sueco, un buen ejemplo a seguir

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Si se cumplen las previsiones demográficas, España se convertirá en el país más envejecido de Europa. Las buenas noticias asociadas a una mayor longevidad, que no parece tener límite, se tornan negativas tan pronto pensamos en la sostenibilidad de las pensiones. Y es que en unas décadas, aunque alcancemos el pleno empleo, si las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) son correctas tendremos aproximadamente 1,2 trabajadores por cada pensionista. Por suerte, nuestro sistema de pensiones ha empezado a realizar reformas para adaptarse a esta nueva realidad demográfica. Pero por desgracia, estas reformas resultan aun insuficientes.

La última reforma introdujo un factor de revalorización que obliga en el medio plazo a que las pensiones solo se incrementen con la inflación cuando los gastos del sistema sean iguales a los ingresos. En concreto, el mecanismo aprobado por el Gobierno establece que si el ingreso es inferior al gasto (a lo largo del ciclo económico) la revalorización de las pensiones ha de ser del 0,25% en términos nominales, es decir las pensiones se (cuasi)congelan. Claramente una revalorización de las pensiones por debajo de la inflación durante décadas tendrá efectos importantes en la reducción de la tasa de sustitución media (o el ratio entre la pensión media y el salario medio) de las pensiones, ayudando a la sostenibilidad.

Hallar el mecanismo de ajuste

Mas allá de los problemas de economía política, creemos que tampoco tiene sentido económico, pues rompe uno de los principios básicos de las pensiones como es proveer una renta vitalicia a los trabajadores hasta su fallecimiento. Es extremadamente complicado gestionar el consumo de la vejez con una pensión con poder adquisitivo menguante, máxime cuando las necesidades de cuidados claramente aumentan con la edad y cuando, como todo el mundo puede entender, existe una alta incertidumbre sobre la duración de la etapa de jubilación. El reto es encontrar un mecanismo de ajuste que reemplace dicha (cuasi)congelación perenne de las pensiones.

Por desgracia aquí no hay recetas mágicas. Alcanzar el pleno empleo tan solo compensaría aproximadamente una quinta parte de los efectos del envejecimiento demográfico. En cuanto al crecimiento de los salarios (y de la productividad), ha de tenerse en cuenta que este factor no solo afecta a los ingresos del sistema, sino también a las pensiones futuras, con lo que las posibles mejoras, además de modestas para valores realistas de la tasa de crecimiento de la productividad, serían en buena medida solo transitorias.

Proteger las pensiones frente a la inflación (deshaciendo así el núcleo de la reforma del 2013) generaría un desfase entre ingresos y gastos superior a siete puntos de PIB en unas décadas. Por lo tanto, no es posible restaurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones únicamente aumentando las cotizaciones o los impuestos generales. Esta última vía, además, rompería el principio de contributividad que se pretende preservar.

Batería de medidas

En mi opinión, la solución pasará por una batería de medidas entre las cuales están: alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para aumentar la tasa de crecimiento de la productividad y aumentar los ingresos del sistema de pensiones. Pero, sin duda, aun alcanzando estos objetivos, la tasa de sustitución de las pensiones tendrá que disminuir. Cómo se debe producir dicha disminución de manera que ni el poder adquisitivo de las pensiones ni su suficiencia se vean sustancialmente mermadas es en lo que debería estar centrado el debate. Para ello, será necesario que los futuros pensionistas conozcan con cierta anticipación cuál será la pensión que van a recibir, que dicha pensión esté protegida frente a aumentos de la inflación, que el acceso a la jubilación sea flexible y tenga en cuenta la heterogeneidad de las condiciones individuales y de las vidas laborales y, en definitiva, que se haga de una manera eficiente y justa (es decir, con unos criterios razonables de equidad inter e intrageneracional).

Una posible vía es la transformación de nuestro sistema de pensiones en uno de cuentas nocionales de contribución definida. Este nuevo sistema de reparto, en la línea de países como Suecia o Italia, reforzaría la contributividad teniendo en cuenta toda la vida laboral y otras situaciones que se consideren que deberían tenerse en cuenta a la hora de generar derechos. Un sistema como este permite, además de una forma más justa y transparente, que si un trabajador quiere cotizar más en su cuenta nocional para aumentar su pensión, pueda hacerlo simplemente alargando su etapa laboral. Al mismo tiempo el sistema facilita la compatibilización entre pensión y salario en la llamada jubilación activa.

Los problemas de sostenibilidad financiera y suficiencia de las pensiones se agravarán, incluso si transitoriamente se encontraran los recursos necesarios para cubrir el déficit actual de la Seguridad Social. Tenemos la oportunidad de resolver de forma estructural los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para las futuras generaciones. Retrasar los cambios con medidas coyunturales solo hará más drástico e injusto el inevitable ajuste para adaptar nuestras pensiones a la nueva demografía.