Una factura social demasiado alta

El fenómeno de la pobreza energética no es nuevo. Desde el inicio de la crisis en el 2007 y la subida sostenida de los precios de la energía, podemos constatar objetivamente que se trata de un fenómeno al alza, como nos mostró crudamente hace unos días el trágico accidente de Rosa, una vecina de Reus de 81 años, que murió a causa de un incendio en su casa provocado por la combustión de una vela porque tenía la luz cortada.

Desde Cruz Roja, ya hace tiempo que alertamos de este fenómeno preocupante y de la necesidad de buscar respuestas. Ante todo, conviene aclarar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de pobreza energética. No deja de ser una cara más de la pobreza, que, como muchas veces se ha dicho, es poliédrica y tiene múltiples dimensiones. Sin embargo, creemos que fragmentar la pobreza y poner un nombre puede facilitar el análisis de las causas y consecuencias directas y, por tanto, definir mejor las intervenciones necesarias concretas para hacerle frente.

¿Cuáles son las causas? Son múltiples y convergen en muchos casos. Hablamos principalmente del encarecimiento del precio de la energía: en los últimos seis meses, el precio de la luz ha subido un 24,6%, según la asociación de consumidores Facua; y entre el 2008 y el segundo semestre del 2015, el precio para el consumidor doméstico subió un 73%, según el Institut Català de la Energia. Otras causas son la situación de precariedad de las viviendas -que no garantiza un buen aislamiento térmico-, o el bajo nivel de renta.

El fenómeno ha ido al alza en Catalunya y actualmente afecta al 10,9% de la población, cifra que se ha duplicado desde el 2008, según alertan la Aliança contra la Pobresa Energètica y la Taula del Tercer Sector Social. Su incidencia es aún mayor entre las personas en situación vulnerable que atendemos. Según datos del Observatorio de Cruz Roja, que ha analizado la situación de personas atendidas en proyectos de lucha contra la pobreza, un 42% de ellas padecía pobreza energética en el 2011, porcentaje que se elevó hasta el 61,8% en el 2014. Estamos hablando de personas que tienen problemas para mantener una temperatura adecuada en su hogar o que tienen recibos impagados de los suministros básicos.

El informe 'Crisis económica y salud' (2014) de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria indica que factores relacionados con la pobreza energética -humedad, baja temperatura en el interior de una casa o mala refrigeración- están vinculados con patologías alérgicas y respiratorias, ansiedad, depresión, o mayor mortalidad o incidencia de enfermedades, principalmente derivadas de complicaciones cardiovasculares y respiratorias, entre otros. Así pues, hay motivos sociosanitarios más que suficientes para que pongamos en marcha medidas urgentes para prevenir la pobreza energética.

En este sentido, consideramos que la ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (ley 24/2015) -impugnada parcialmente por el Tribunal Constitucional, pero no en la parte de pobreza energética- representa un paso adelante necesario para proteger en primera instancia a estos colectivos en situación de riesgo.

La normativa insta a las administraciones públicas a establecer acuerdos con las compañías de agua, gas y electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido para las familias en situación vulnerable. También insta a las empresas suministradoras a solicitar un informe a servicios sociales para saber si se trata de una persona o familia en situación de vulnerabilidad antes de hacer el corte. Respecto a este protocolo, queremos remarcar que todos los actores implicados deberían actuar siempre con la máxima responsabilidad y que siempre debería primar un criterio garantista y preventivo que asegurara que, en ningún caso, se corta el suministro a una persona en riesgo de exclusión social.

Bono para el butano

Aún son muchos los retos pendientes. Por ejemplo, se deberían establecer criterios energéticos en viviendas nuevas, desplegar ayudas para la rehabilitación a fin de fomentar el ahorro energético, conseguir que los electrodomésticos fueran más eficientes energéticamente y que los que lo fueran también fueran económicamente más accesibles. También hay que definir algún tipo de bono social para el gas butano, definir sistemas para poder priorizar las ayudas en situaciones de mayor vulnerabilidad -personas con enfermedades, niños, personas mayores...-, trabajar para que la política de precios de consumo no siga creciendo y en definitiva, garantizar una cobertura mínima de suministros básicos.

También hay que aumentar los procesos de intermediación entre entidades sociales, empresas suministradoras y administraciones, como ya impulsamos desde Cruz Roja. Nosotros, por nuestra intervención directa con las personas, podemos identificar los casos de personas en situación vulnerable y alertar a las administraciones y a las empresas energéticas, para que actúen en consecuencia y preserven sus derechos básicos.

Además de trasladar estas propuestas a los poderes públicos, empresas y a la ciudadanía, también intervenimos directamente sobre las personas afectadas. Damos ayudas para cubrir necesidades básicas, como pueden ser el pago del alquiler o los recibos de suministros. Pero, más allá de las ayudas básicas, entendemos que lo más importante es empoderar a las personas y darles herramientas para que puedan recuperar su autonomía económica y personal. Por ello, ponemos a su alcance programas formativos, talleres de ahorro doméstico y economía doméstica, programas de empleo desde nuestra red de asambleas locales y comarcales. Desde la proximidad y mediante una intervención individualizada, también las ayudamos a conectarse con la red de recursos públicos, buscando la complementariedad con nuestras acciones.

Con todo, en Cruz Roja, trabajamos de forma continuada durante todo el año para ayudar a los afectados. No es un problema estacional, propio del invierno, sino estructural. Por ello, hacen falta políticas transversales y permanentes contra este fenómeno, que debemos impulsar todos los actores implicados -entidades sociales, administraciones, empresas- de forma continuada. No podemos permitir que la pobreza energética nos siga pasando una factura social tan alta.