Erradicar la pobreza energética, a nuestro alcance

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Tenemos dos noticias: una mala y una buena. La mala es que la pobreza energética es una realidad humanamente inadmisible, con graves consecuencias sobre la dignidad, la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas. Y la buena es que la pobreza energética no es inevitable y, de hecho, con los niveles de conocimiento y recursos actualmente disponibles, sería posible erradicarla si el problema se enfocara y se gestionara de otra manera.

Definición y cuantificación. La pobreza energética es la dificultad o incapacidad para mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura (más de 18ºC en invierno y menos de 25ºC en verano) o un consumo mínimo de 100 litros de agua por persona y día. O bien, alternativamente, la imposibilidad de disponer de los servicios energéticos esenciales a un precio justo (inferior al 10% del presupuesto familiar).

La encuesta de condiciones de vida del 2015 del Idescat señala que la pobreza energética afecta a un 7% de los catalanes (superior al 6,3% de media española), lo que equivale a unas 511.000 personas, aproximadamente. Según un estudio efectuado en el 2015 por Insight_E, en España hay un 28% de la población en riesgo de pobreza energética. Un porcentaje similar al de países como Polonia (26,5%) y Portugal (25%); muy superior al de países como Holanda (15%), República Checa (15,5%) y Suecia (16%); y muy inferior al nivel de Rumanía (42%) y Bulgaria (49%).

A pesar de estos intentos por definir y medir la pobreza energética, uno de los principales obstáculos para mejorar la gestión es precisamente la dificultad de acotarla. Se trata de un fenómeno invisible desde la calle, que permanece oculto en el interior de los hogares más vulnerables y que, ya sea por incomodidad, por vergüenza o por otras razones, no es fácil de detectar. Actualmente no existe ningún tipo de censo que permita cuantificar, estudiar la evolución y analizar con rigor el problema. La información está muy fragmentada entre los servicios sociales municipales, las empresas comercializadoras y las oenegés asistenciales.

Contexto sociopolítico y causas de la pobreza energética. En España el despertar de la conciencia ciudadana y política sobre la gravedad del fenómeno ha crecido exponencialmente a raíz de la larga y profunda crisis económica de los últimos años. En el fondo, la pobreza energética no es más que una de las múltiples caras de la propia pobreza, sin necesidad de adjetivarla. Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector Social, lo expresa de la siguiente manera: «Ya hace tres años que la economía vuelve a crecer, pero la fractura social permanece intacta. La elevada desigualdad social es una de las amenazas más grandes que tenemos hoy en día». Desde este punto de vista, el periodo de poscrisis ha resultado incluso peor que la crisis, porque ha puesto de manifiesto que la recuperación económica solo ha llegado a una parte de la sociedad.

Otra de las causas es el precio de la energía doméstica. Durante el periodo 2009-2015 en España ha crecido un 73%, mientras que en la eurozona solo lo hacía en un 33%. Hay que tener presente que este coste incluye un elevadísimo porcentaje de impuestos, entre otros, un incomprensible IVA del 21%.

Para terminar de comprender la situación, hay que añadir que una parte significativa del parque de viviendas en España se encuentra en un estado muy deficiente, ya sea por una mala construcción inicial o por falta de mantenimiento posterior. La consecuencia es que los hogares de muchas familias vulnerables son auténticos agujeros negros desde un punto de vista energético.

El rol de los diferentes actores. Las administraciones públicas se ven claramente desbordadas y son incapaces de resolver, por sí solas, el problema de la pobreza energética. Por un lado, el modelo energético y la regulación del bono social dependen del Gobierno central. Por otra parte, en menor o mayor medida todas las comunidades autónomas han adoptado medidas preventivas o paliativas. Y, en último término, son los servicios sociales municipales los que realmente deben atender y procurar resolver la infinita casuística de los hogares que han sufrido cortes de suministro energético o están en riesgo de padecerla. En conjunto, la respuesta gubernamental es muy atomizada y muy ineficaz.

La situación en Catalunya es sustancialmente diferente del resto del Estado. La ley 24/2015, aprobada por unanimidad por el Parlament como resultado de una iniciativa legislativa popular (ILP), marcó un antes y un después. El propósito de esta ley es evitar que ningún hogar vulnerable se quede sin suministros básicos, y gracias a ella actualmente Catalunya dispone de la legislación socialmente más avanzada del Estado en esta materia. Sin embargo, aún no existe el reglamento de la ley y, por otro lado, se han evidenciado numerosas dificultades prácticas en su desarrollo, como se ha podido comprobar en el desgraciado suceso en la ciudad de Reus, ya sea por insuficiencia de recursos de las administraciones locales o déficit de coordinación entre ayuntamientos y empresas.

Los medios de comunicación y la opinión pública identifican a menudo a las grandes comercializadoras como principales responsables de la pobreza energética. Es cierto que históricamente estas empresas han sido más reactivas que no proactivas. En cualquier caso, resulta difícil imaginar la desaparición de la pobreza energética sin contar con ellas.

Finalmente, las entidades y los movimientos sociales, es decir, la ciudadanía más activa y organizada, ha jugado y sigue jugando un rol clave. La ley 24/2015 fue iniciativa suya, así como también muchas otras actuaciones y campañas de sensibilización. Dentro de este colectivo hay que distinguir entre los que mantienen posiciones más ideológicas y los que están primordialmente enfocados en la vertiente asistencial.

Paradojas y contradicciones. Las compañías comercializadoras están obligadas a financiar el bono social, el instrumento que permite reducir en un 25% la factura de los hogares vulnerables, y al que destinan anualmente unos 180 millones de euros. El problema es que el bono social está mal definido. Sorprendentemente, no tiene en cuenta el nivel de renta del perceptor, de forma que tienen derecho a cobrarlo todas las familias numerosas (independientemente de su renta) o bien los propietarios de viviendas con una potencia contratada inferior a 3 kw (aunque se trate de segundas residencias). Algunos expertos estiman que tan solo el 10 o el 20% de los perceptores del bono social pertenecen realmente al colectivo vulnerable.

Otra gran paradoja es que a menudo las partidas públicas destinadas a la pobreza energética no se agotan, debido a ineficiencias administrativas o enfoques excesivamente ideológicos. En vivienda social también hay despropósitos notables. Se han acreditado casos de familias vulnerables que pagan 50 euros mensuales por el alquiler de la vivienda y más de 200 euros en suministro energético, porque las cocinas están equipadas con electrodomésticos de alto consumo.

Reflexiones finales. Hay que garantizar la protección efectiva del colectivo vulnerable, tal y como teóricamente ya sucede en Catalunya. Esta ley es un paso adelante, pero es necesario que sirva para resolver problemas, no para crear otros nuevos. Es urgente disponer de un reglamento adecuado y hacer un despliegue inteligente y eficaz del mismo.

Hay que mejorar los mecanismos de identificación, detección y medición de la pobreza energética. Si no disponemos de la información esencial (número de hogares afectados, distribución geográfica, recursos utilizados, etc.) difícilmente podremos avanzar en su erradicación.

Es imprescindible reformar el bono social de la electricidad. La situación actual es sumamente injusta. Es un gran despropósito que anualmente se destinen tantos millones de euros a colectivos que no necesitan ayudas.

Es urgente impulsar un plan de mejoras estructurales para hacer frente a la precariedad de las viviendas, para mejorar el aislamiento y hacerlos más eficientes energéticamente. Recientemente el Clúster de Eficiencia Energética de Catalunyaa (CEEC) ha puesto en marcha una interesante iniciativa colaborativa en este sentido.

Finalmente, hay que promover un nuevo modelo de gobernanza. Todos los actores implicados deben hacer su contribución. Las empresas deben formar parte de la solución. Exactamente igual que las administraciones públicas y las entidades sociales. Aquí no sobra nadie. Todos tenemos una parte de la solución en nuestras manos y hay mucho trabajo por hacer.

Que a finales del 2016 todavía haya hogares con graves dificultades para asumir el coste de la factura de la luz, el agua o el gas, es algo inadmisible a ojos de la ciudadanía. Nadie puede vivir sin estos suministros esenciales, y por tanto, que esto suceda en una sociedad democrática, europea y socialmente avanzada resulta injustificable. Hay que conseguir que jamás alguien pueda decir: «paso más frío en casa que en la calle».