Empleo, salarios y pensiones

El 2017 debe ser el año en el que se consolide la reactivación de la economía y se salga de la grave crisis social en la que todavía nos encontramos. Por lo tanto, necesitamos abordar de forma urgente y decidida la tríada empleo, salarios y pensiones. Porque son el paro, la precariedad laboral, la pobreza y las desigualdades los problemas sociales de fondo que han creado las políticas aplicadas estos años y que hoy son el principal freno al crecimiento sostenible de la economía y su traslación en mejoras de las condiciones laborales y de vida de la gente.

Mientras los datos macroeconómicos muestran signos positivos, los datos sociales continúan mostrándonos una realidad de mayor pobreza y desigualdad. En Catalunya más de 600.000 personas están en paro, un 60% en situación de larga duración y solo un 30% recibe algún tipo de prestación. La población en riesgo de pobreza y/o exclusión social se ha incrementado hasta el 23,5% y ha aumentado el número de hogares sin ingresos. Se han acrecentado las desigualdades y la distancia entre personas ricas y pobres, con una creciente concentración de renta en la población más rica.

Las reformas laborales han permitido la caída de los salarios y el empeoramiento de condiciones de trabajo, lo que ha hecho caer a algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras en la explotación laboral, y ha aumentado la brecha entre mujeres y hombres. Actualmente hay un 12% de personas que, a pesar de trabajar, sus ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. La precariedad laboral y el recorte de las prestaciones generan pobreza y desigualdad.

Lastre al crecimiento

Los altos niveles de desempleo, la baja calidad del empleo y los bajos salarios son la fuente de los graves problemas sociales, pero también son un lastre para el propio crecimiento sostenible de la economía y, al tiempo, son una limitación para el futuro del sistema de pensiones. Los salarios bajos y la precariedad laboral hacen retrasar la recuperación de la economía, porque frenan el consumo interno y basan la recuperación en un modelo productivo agotado, que compite en costes laborales bajos y no en innovación y producción de valor añadido. Este es un círculo vicioso del que necesitamos salir con urgencia.

Todo esto es el producto de las políticas impuestas para hacer frente a la crisis financiera y de endeudamiento. La contención del gasto social y la inversión pública liberó recursos para garantizar tanto el rescate de las instituciones financieras como el servicio de la deuda, pero deprimió aún más la situación económica y debilitó la cohesión social. La devaluación de los salarios y condiciones de trabajo y la destrucción de empleo han abaratado los costes laborales, pero no han ayudado a modernizar el tejido económico empresarial, ni han hecho aumentar las inversiones en cualificación, investigación e innovación.

Más pobres y desiguales

Ahora, cuando la economía muestra signos de recuperación hay que acabar con estas políticas antisociales, que han hecho retroceder derechos, han empobrecido a una parte importante de la ciudadanía y han consolidado un modelo productivo desequilibrado y dependiente. Hoy, la sociedad es más pobre y desigual, tener trabajo ya no es garantía para salir de la pobreza y corremos el peligro de reproducir el patrón de crecimiento previo a la crisis.

La recuperación económica solo será sólida si se basa en el empleo de calidad, en la mejora del poder adquisitivo de los salarios y en condiciones laborales dignas. En el 2017 el sindicalismo debemos reclamar que se abran espacios de concertación y negociación con gobiernos y empresarios para abordar empleo, salarios y pensiones: medidas de choque que impulsen la creación de empleo de calidad para que las personas con más dificultades, como los parados de larga duración, tengan una oportunidad de encontrar trabajo; incrementos salariales pactados en convenios que permitan la recuperación del poder adquisitivo perdido desde el 2010, y una mayor participación en la distribución de los beneficios empresariales, incluyendo en todos los convenios cláusulas de garantía para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo si sube la inflación ; incremento del salario mínimo interprofesional hasta el 60% de la media de salarios, que en Catalunya se sitúa en 1.000 euros, y acotar el abanico entre salarios mínimos y máximos en los convenios; derogar las reformas laborales y abordar la negociación de un nuevo marco de derechos laborales que haga frente a la precariedad laboral y recupere el valor y utilidad de la negociación colectiva; derogar los efectos de la reforma de las pensiones impuesta por el Gobierno del PP sin acuerdo, para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones actuales y devolver al consenso del Pacto de Toledo y la concertación con los agentes sociales, para que se garantice el futuro del sistema público de pensiones limitando la disponibilidad del fondo de reserva, reforzando los ingresos del sistema y evitando que las bonificaciones a la contratación se paguen con la cotización de los trabajadores y las trabajadoras.

Evidentemente se hace imprescindible acompañar estas medidas de una reforma fiscal integral justa y progresiva.

Recuperar la concertación

En el 2017 es momento de repartir los frutos del crecimiento económico, recuperar derechos y rescatar a las personas. Para ello es necesario que los gobiernos entiendan que tienen que recuperar el espacio y el papel de la concertación social donde debatir las propuestas y lograr compromisos concretos para dar respuesta a los problemas sociales y las necesidades de las personas; y que las organizaciones empresariales recuperen el valor y utilidad de la negociación colectiva y respeten el cumplimiento de los convenios colectivos. Las organizaciones sindicales acompañaremos la negociación con propuestas y, si se atascan, con la movilización.