Acabar con la pobreza energética, un acto de justicia

La pobreza es como un prisma que tiene muchas caras y cuando llega no respeta nada, ni edades, ni sexos, ni razas ... Y como decía Nelson Mandela: «Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, ¡es un acto de justicia!»

En Catalunya, la pobreza energética la conocemos como la incapacidad de poder mantener el hogar con los servicios básicos de electricidad, gas y agua, necesarios para desarrollar una vida normal: cocinar, calentarse, lavar o cuidar la higiene personal. La profunda crisis económica, iniciada en el 2008, ha hecho que en Catalunya haya una tasa de pobreza superior a las registradas anteriormente y, como la pobreza energética forma parte de la propia pobreza, este fenómeno se ha convertido en un nuevo problema social.

El Govern de la Generalitat, consciente de esta problemática, en el 2013 ya legisló la llamada tregua invernal con el decreto ley 6/2013, que prohibía a las empresas suministradoras cortar la energía eléctrica y el suministro de gas, entre los meses de noviembre y marzo, a las personas o familias que, debido a su precariedad económica, no pudieran hacer frente al pago de estos suministros. Este decreto fue suspendido por el Tribunal Constitucional bajo la excusa de que la legislación en materia energética correspondía únicamente al Gobierno del Estado, sin aportar ningún tipo de medida que paliara esta carencia.

Ante esta suspensión, en el 2014 el Parlament de Catalunya legisló nuevamente, mediante el Código de Consumo, con la ley 20/2014 para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo, que prohibía el corte de los suministros básicos a las personas o familias con vulnerabilidad económica. También se creó el Fons d'Atención Solidària que debía estar dotado con aportaciones económicas tanto públicas como privadas.

La ley 20/2014 corrió la misma suerte que el decreto del 2013; fue suspendida por el Tribunal Constitucional con los mismos argumentos que la anterior iniciativa legislativa.

Regular la prohibición de los cortes de suministro

En el 2015 entró en el Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la pobreza energética y los desahucios, con el objetivo de regular la prohibición de los cortes de suministro de agua, gas o electricidad a las personas con riesgo de exclusión residencial y que ponía énfasis en el principio de precaución, es decir, en el hecho de que no se pueda cortar los suministros a nadie mientras no se demuestre que no está en riesgo de exclusión residencial. La iniciativa también preveía llegar a convenios o acuerdos entre las administraciones y las empresas suministradoras, para contribuir a aminorar la deuda que se fuera produciendo. Esta iniciativa se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos de la Cámara, con la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Ese mismo año, la Agència Catalana del Consum (ACC) comienza a aplicar la ley con la realización del protocolos de actuación de los Servicios Básicos de Atención Social y las empresas suministradoras, que marcan que las compañías deben pedir un informe a los servicios sociales locales antes de realizar ningún corte, para garantizar los suministros básicos a todas las personas o familias en riesgo de exclusión social. Protocolos que ahora la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha querido impugnar mediante un recurso contencioso administrativo, aunque el juez ha desestimado la suspensión hasta que haya sentencia.

Con la aprobación de la ley 24/2015, también se comenzó a trabajar en los convenios con las empresas suministradoras, y se habilitó el buzón de emergencias de la ACC para que los servicios sociales comunicaran cualquier corte indebido de suministro y se pudiera así motivar la reconexión del servicio con la máxima diligencia.

Pero el año 2016, una vez más, el Tribunal Constitucional suspende parte de la ley, primordialmente la parte que hacía referencia a los desahucios, aunque dejó libre de suspensión la parte referente a la pobreza energética - que se sigue aplicando en Catalunya a día de hoy-, suponemos que ante la insistencia del Gobierno catalán y del propio presidente de la Generalitat de la necesidad de mantener la medida.

Convenios con las suministradoras

Desde entonces, la Agència Catalana del Consum ha firmado un total de 20 convenios con empresas suministradoras de agua, con un alcance poblacional de más de 6,5 millones de ciudadanos en Catalunya, y se prevé continuar firmando con las empresas que aún faltan. Al mismo tiempo, se sigue negociando con las empresas de electricidad y de gas para alcanzar convenios o acuerdos, tal como estipula la ley.

Durante el 2015, el Govern de la Generalitat pagó facturas de personas vulnerables por un importe de 1,2 millones de euros, y de 3,8 millones durante este 2016. También se ha dotado un fondo de 5 millones de euros más a finales de este 2016, para continuar haciendo frente a la deuda de las familias con riesgo de exclusión residencial. En esta tarea, ha resultado inestimable la colaboración del mundo local (ayuntamientos y consejos comarcales), de las diputaciones y de las entidades sociales de todo el territorio.

La Agència Catalana de Consum también ha iniciado más de 115 expedientes sancionadores por cortes indebidos a familias o personas vulnerables y ya se han resuelto definitivamente 18.

Queda todavía mucho trabajo por hacer, y sabemos que la pobreza energética también requiere implementar otras medidas estructurales que ayuden a minimizarla, como por ejemplo invertir en ahorro energético, revisar las potencias instaladas, mejorar la red eléctrica en las viviendas, ofrecer un mejor asesoramiento a los servicios sociales sobre los tipos de tarifas sociales, etc. En esta línea ha empezando ya a trabajar la Generalitat para minimizar este nuevo problema social que afecta, según algunos estudios de entidades sociales, a más del 8% de los hogares catalanes.

Desde el Gobierno seguiremos trabajando incansablemente para resolver el problema de la pobreza energética porque, como citaba al principio, es un acto de justicia.