Siete municipios del área metropolitana se unen para defender la gestión pública del agua
La red, abierta a otros municipios y entidades, la forman Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, además de Barcelona
El Día Mundial del Agua ha sido el día escogido para presentar la Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua; formada por siete municipios, la asociación apuesta por una gestión pública del agua que garantice que todo el mundo tenga acceso a esta y que no se prive a nadie por motivos económicos o sociales.
Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa han formado frente común para optar por una gestión pública del agua, que sea transparente y participativa, motivo por el cua han impulsado la creación de una red de municipios comprometidos con la gestión pública de este bien común.
La Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua se ha presentado esta mañana, en un acto donde han participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater; el alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà; el alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; el alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
La asociación tiene como objetivo promover e impulsar la gestión pública del agua y dar apoyo a todos los municipios que opten por este modelo de gestión. Aunque se articula como una asociación de municipios, también está abierta a entes supramunicipales, sectores académicos y sociedad civil organizada. “Aspiramos a ser más”, ha dicho la alcaldesa, Ada Colau.
Según ha explicado Colau, la gestión pública es la más habitual a escala mundial, ya que cerca del 90 % de la población recibe el agua a partir de operadores públicos, y ya hay muchas ciudades que en estos momentos se decantan por recuperar la gestión pública de este servicio. “El agua es un bien de primera necesidad y no una mercancía, y como derecho fundamental tiene que ser gestionada con criterios de interés general”, ha asegurado.
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