La energía, derecho fundamental

El acceso a la energía está directamente relacionado con el bienestar de las personas, pues permite gestos tan cotidianos y básicos como encender el fuego para cocinar, poner una lavadora, ducharse o calentarse con una estufa. Tras el estallido de la crisis, con los precios de los suministros al alza y las rentas a la baja, el número de hogares con problemas para pagar los recibos de la luz, el agua y el gas ha aumentado exponencialmente. Se trata de familias en situación de clara vulnerabilidad, pero también de hogares con una o dos personas con trabajo obligadas a recortar en otras necesidades básicas como la alimentación o la salud para poder hacer frente a las facturas.

Para dar respuesta a la pobreza energética, en cualquiera de sus formas y estados, el Ayuntamiento ha abierto 10 Puntos de Asesoramiento Energéticos. En estas oficinas, a pie de calle, cualquier ciudadano se puede dirigir para informarse de sus derechos energéticos y recibir asesoramiento para reducir los sobrecostes en la factura de la luz, agua y gas.

INFORMACIÓN

Durante la prueba piloto realizada en cinco barrios de Barcelona y que duró cinco meses se pudo intervenir sobre 3.100 hogares, de los cuales el 60% sufría una pobreza energética moderada o severa. Es decir, no podían mantener la temperatura adecuada en el interior de su vivienda, tenían goteras o humedades, y se habían atrasado en el pago de sus facturas. Se constató que solo el 43% de los hogares afectados pagaba el precio para pequeños consumidores (para potencias no superiores a 10KW) y que solo el 33% conocía la existencia del Bono Social. En este sentido, el Ayuntamiento constató que la población necesitaba más información para empoderarse. "Mi función en este punto de asesoramiento es básicamente informar. Mucha gente se acerca para preguntar los pasos a seguir para pagar los justo o acceder a los bonos sociales, y seguro que vendrá más gente en cuanto conozcan de la existencia de estos puntos", explica David Torres, informador del punto de Sant Martí, situado en la Rambla del Poblenou.

PERFILES

El perfil de los solicitantes de información es bastante heterogéneo. "Viene gente para informarse sobre sus derechos y para que les expliquemos sus facturas, con un perfil más bien joven; pero también gente con una situación más delicada: gente mayor con prestaciones mínimas y familias monoparenteales con problemas económicos", explica Torres, quien deriva los casos más severos a los asesores e interventores en cuanto el hogar corre peligro de corte de suministro. "En cuanto llegan con varias facturas impagadas, actuamos con urgencia. Nos coordinamos con Servicios Sociales y contactamos con las compañías", añade el informador de Sant Martí.

Los informadores resuelven dudas, pero también trabajan hábitos con los usuarios. "Les explicamos lo que pueden ahorrar colocando bombillas de tipo LED, cuánto tiempo pueden abrir las ventanas para airear las estancias sin enfriar demasiado el domicilio (con 10 minutos es suficiente) y qué potencia necesitan, para no pagar de más a la compañía", cuenta Torres, quien pasa nota a sus compañeros cuando es necesario intervenir. "Nos encontramos con muchos casos, sobre todo personas mayores, que han dejado entrar a comerciales a casa, han firmado contratos de electricidad con otras compañías y les están cobrando la máxima potencia cuando quizás viven solos y apenas consumen", lamenta Torres.

En las visitas de los interventores se pueden aplicar pequeñas medidas de ahorro como bombillas LED, difusores de agua y pantallas para mejorar la eficiencia de los radiadores.

SERVICIO PÚBLICO

Para el Ayuntamiento, el objetivo fundamental de estos puntos es detectar situaciones de pobreza energética. "Es necesario un servicio público que defienda y tutele los derechos de los ciudadanos para combatir los abusos de algunas compañías suministradoras", subraya la teniente de alcalde, Laia Ortiz.

La principal arma del Ayuntamiento es la Ley 24/2015, que garantiza los suministros básicos a todos los hogares vulnerables. "La gente debe conocer sus derechos energéticos y esta ley ha permitido a la administración sancionar a las compañías que cortan el suministro a los hogares vulnerables, pero no es suficiente", explica Ortiz. "No puede ser que la factura energética crezca de manera desorbitada mientras las rentas de las familias siguen bajando. Esta radiografía debe cambiar y falta un cambio de modelo, cambios a nivel estatal", añade. 

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Páginas de información de la ciudad realizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.