Barcelona y otras siete ciudades se unen en contra del proyecto de ley español sobre pobreza energética

Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela presentan alegaciones conjuntas a la norma que pretende aprobar el Gobierno español. La propuesta deja fuera a las pequeñas comercializadoras de energía y protegería solo al 35 % del total de barceloneses y barcelonesas atendidos actualmente en los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE).

El borrador de real decreto sobre pobreza energética es considerado insuficiente por una parte de los principales ayuntamientos del Estado español. Representantes de las ocho ciudades han coincidido en asegurar que la norma protege a las grandes compañías eléctricas en detrimento del consumidor más vulnerable.

Los concejales han puesto de manifiesto el retroceso con respecto a las legislaciones ya aprobadas en las comunidades autónomas, como la Ley 24/2015, que aprobó el Parlamento de Catalunya a raíz de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC.

Según han detallado, con la nueva ley serían las empresas las encargadas de determinar si un caso se ajusta a la consideración de vulnerable o no, requisito que permite acceder a la rebaja de la factura. Al mismo tiempo, se establecen dos criterios adicionales no vinculados a la situación económica y familiar: que los usuarios sean atendidos por los servicios sociales y que sea una administración autonómica o local la que se haga cargo del pago de la mitad del importe de los cargos pendientes.

ARBITRARIA E INSUFICIENTE

Se calcula que solo el 35 % de las personas que son atendidas en los PAE por situaciones de pobreza energética en Barcelona quedarían bajo el amparo de esta regulación, y que el 40 % ni siquiera podría optar a la rebaja del 25 % del recibo. Los ocho municipios también consideran este descuento insuficiente y aseguran que habría que bonificar entre un 50 % y un 100 % del consumo energético básico para asegurar una calidad de vida digna.

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha manifestado que “es un proyecto de ley elaborado a espaldas de la ciudadanía y al servicio de las eléctricas” y ha añadido que el Gobierno ha escogido no pedir responsabilidades.

La norma ha sido calificada como arbitraria, y se ha puesto como ejemplo el caso de las familias numerosas, que quedan automáticamente incluidas dentro de la calificación de vulnerables sin tener en cuenta su renta, y al mismo tiempo se pueden dejar fuera a las personas que viven solas.

Los ayuntamientos califican estas medidas como un ataque a su autonomía y una sobrecarga para sus recursos. Por este motivo presentarán en bloque una serie de alegaciones y recomendaciones referidas al proyecto de ley, que todavía se encuentra en trámite parlamentario.