La lucha contra la pobreza energética, en todos los distritos de Barcelona

Después de la prueba piloto que se ha llevado a cabo con éxito durante cinco meses en Nou Barris, Sant Martí, Sants-Montjuïc y Sant Andreu, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido ampliar las atribuciones de los puntos de asesoramiento energético y extenderlos al resto de distritos, actuando no únicamente en caso de emergencia energética, sino que también se asesorará a las familias más vulnerables sobre cómo reducir el consumo o sobre subvenciones para mejorar el aislamiento de las viviendas.   

 “No solo combatimos la pobreza energética, sino que además informamos a las familias sobre sus derechos, siendo proactivos y ofreciendo asesoramiento sobre ahorro energético o sobre ayudas para la rehabilitación”, ha señalado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

Así, el personal de los puntos de asesoramiento energético se ofrecerá a tramitar los informes de exclusión residencial o gestionar las multas y otros trámites de las compañías eléctricas, entre otros. Para poder realizar esta tarea, se contratará y formará a 100 personas en situación de vulnerabilidad procedentes del programa Làbora y se invertirán 4,5 millones de euros en los próximos dos años.

BALANCE DE LA PRUEBA PILOTO

En noviembre del 2015 se abrieron los primeros cuatro puntos de asesoramiento energético, y en los cinco meses que ha durado la prueba piloto, se ha actuado en 3.100 hogares, de los cuales el 60% sufría pobreza energética moderada o severa; además, en un 13% de los casos se les había cortado el suministro.

En estas oficinas se han gestionado 450 cortes de suministro de servicios: 133 de electricidad, 225 de gas y 96 de agua, y se ha abierto 220 expedientes a las compañías de acuerdo con lo que establece la Ley 24/2015.

También se ha constatado que solo una tercera parte de los usuarios conocía la existencia del bono social y únicamente un 17,3% había recurrido, aunque el 65% cumplían los requisitos.

LAS COMPAÑÍAS, CORRESPONSABLES

Laia Ortiz también ha recordado que la ley otorga un papel de corresponsabilidad a las compañías suministradoras en casos de vulnerabilidad, y es en este contexto que ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona dejará de pagar la deuda de las familias en caso de pobreza energètica afirmando que “las eléctricas tendrían que asumir como mínimo el 50% de la factura”.