Los puntos de asesoramiento energético de Barcelona permiten evitar 150 cortes de suministros

Unas 800 personas han sido atendidas y se han detectado 150 avisos de corte de suministro. Es el balance del primer mes de funcionamiento de los diez puntos de asesoramiento energético, una herramienta puesta en marcha en enero para resolver dudas sobre suministros energéticos y para contribuir a la detección de los casos que corresponden a familias vulnerables.

De las 800 personas atendidas, en torno a un 65% sufrían pobreza energética moderada o severa, y un total de 52 casos han requerido una intervención directa y urgente al hogar; además las consultas han servido para detectar más de 150 avisos de cortes y evitarlos.

En dos de los casos los suministros ya habían sido cortados, y se han abierto procedimientos sancionadores por incumplimiento de la Ley 24/2015, que prohíbe a las compañías efectuar cortes si el impago se produce por falta de recursos económicos. Los distritos de Sant Andreu y Sant Martí concentran cerca del 25% de los casos estudiados.

Los puntos de asesoramiento energético han tramitado a lo largo de este primer mes de funcionamiento 28 peticiones de bono social, aparte de asesorar a los usuarios sobre la reducción de la potencia contratada en el hogar o sobre cambios de titularidad de los contratos.

 “Los datos del primer mes permiten constatar la necesidad de ser proactivos desde los municipios para aplicar la ley y para explicar a la gente que tiene derechos y que estos derechos no pueden ser pisados”, ha recordado Laia Ortiz, teniente de alcaldía de Derechos Sociales, que también ha revindicado que “necesitamos reequilibrar el poder de la gente ante compañías que han abusado insistentemente de su posición de poder en el mercado”.

La apertura de los puntos de asesoramiento energético forma parte de un conjunto de acciones que tienen como objetivo final la defensa de los derechos energéticos. Hasta ahora se han analizado casi 4.000 casos y se han evitado unos 900 cortes de suministro.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El año pasado se pusieron en marcha varios procedimientos sancionadores contra las compañías suministradoras que no comunicaban los impagos al Ayuntamiento. Esta información es la que permite a los servicios sociales de la ciudad comprobar casos de pobreza energética y, en última instancia, garantizar que no se produzcan cortes de los suministros; la presión municipal ha provocado que las compañías hayan empezado a dar la información requerida de forma mensual.

En diciembre el área de Derechos Sociales envió dos requerimientos específicos a Endesa, Iberdrola, Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP Energía, las compañías que concentran el 99% de los usos domésticos en la ciudad.

También se han iniciado 74 expedientes sancionadores, que se encuentran en diferentes fases de tramitación y que pueden acabar con una sanción de entre 3.000 y 10.000 euros por no haber informado a los clientes de sus derechos como usuarios antes de efectuar un corte. En 27 de los 74 casos se ha podido comprobar la presunta vulneración de la Ley 24/2015.