Los peores temores para el pequeño y mediano comercio se confirmaron ayer. El Consejo de Ministros dio luz verde a una reforma del sector comercial que conllevará que las tiendas puedan abrir más horas al día y más festivos al año, y también que ciudades como Barcelona tengan que determinar zonas turísticas donde se podrá abrir 365 días al año. Además, y como ya adelantó EL PERIÓDICO, los comercios podrán hacer rebajas durante todo el año.
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El real decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno entrará en vigor el día después de su publicación en el BOE. Ello implica que, a partir de ese día, las tiendas podrán abrir hasta 90 horas semanales (de lunes a sábado), en lugar de las 72 actuales. Otra de las novedades es que podrán abrir todos los días de la semana todas aquellas tiendas de menos de 300 metros cuadrados, siempre que no pertenezcan a una gran cadena (el titular del local debe ser una pyme).
La siguiente medida que entrará en vigor es el cambio en las rebajas. Actualmente se están llevando a cabo las de verano, por lo que el Ejecutivo esperará a que terminen (31 de agosto) para implantar la nueva normativa en materia de descuentos. La gran novedad: cada tienda podrá elegir en qué momento del año y con qué duración lleva a cabo su campaña de rebajas. Esta medida significa acabar con el tradicional concepto de rebajas dos veces al año.
Para el próximo año quedan otras dos polémicas medidas: se incrementará el número mínimo de domingos y festivos de apertura comercial de los ocho mínimos actuales a 10 y, además, las autonomías tendrán que situar varios de estos días en los festivos de más afluencia de turistas y en Navidad.
La segunda medida que queda pendiente para el próximo año es la regulación de las zonas de gran afluencia turística: desde la entrada en vigor de la ley, ciudades como Barcelona tendrán seis meses para determinar zonas de gran afluencia turística, en las cuales será posible abrir todos los días del año.
LA REACCIÓN / Con todos estos cambios que afectan directamente al modelo catalán, la reacción del Govern de la Generalitat fue rápida: «No vamos a aplicar esta ley porque tenemos competencias en materia comercial y una ley de comercio que es propia y muy clara. Leeremos la letra de la ley e iremos al Tribunal Constitucional a defender nuestros derechos», indicaron a este diario fuentes de la Conselleria d'Empresa i Ocupació. El secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, acusó al Gobierno de «cargárselo todo».