Mas tensa la cuerda

Dos administraciones con unas finanzas paupérrimas, a la greña por las acusaciones de falta de lealtad financiera. En medio, las entidades sociales catalanas que este julio se han quedado sin el pago de la Generalitat. Esta es la cronología de la batalla: A la una y media de la tarde, el portavoz del Govern, Francesc Homs, anunciaba el plante delconsellerde Economia, Andreu Mas-Colell, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el argumento de que el Estado «no cumple» con Catalunya. De ahí que, según Homs, la Generalitat no pueda abonar su mensualidad a las entidades que atienden a ancianos, discapacitados y menores tutelados.

Siete horas más tarde, Montoro restaba trascendencia al plantón, lo tildaba de «pose», y revelaba que la semana pasada se concedió otra ayuda a Catalunya (bajo la fórmula «ICO vencimientos»).

Montoro regañó otra vez al Govern de CiU: «Es equívoco lanzar estos mensajes que tratan de responsabilizar siempre a alguien en vez de responsabilizar a su propia gestión. Es lo contrario de lo que necesitamos». Y, más importante que todas las declaraciones, el ministro recordó a Mas-Colell que «se podrá ausentar o no, pero eso es lo de menos, el cumplimiento de la ley está por encima». Es decir, que Catalunya ha de cumplir con el objetivo acordado ayer en el CPFF y reducir el déficit al 0,7% a final del 2013, así como limitar el endeudamiento al 23,6% del PIB (para el 2012 se acota al 22,8%).

El ministro subrayó que el Estado está ayudando a Catalunya. De hecho, hace una semana, y preguntado sobre si el Gobierno del PP estaba cumpliendo con su inyección para las nóminas de la Generalitat, Homs reconoció, con la boca pequeña: «Sí, la remesa la han tramitado».

SITUACIÓN LÍMITE /Desde el ángulo de las relaciones entre ambos ejecutivos, la decisión de Mas-Colell y la respuesta de Montoro contribuyen a lo que algunos en CDC ven como inevitable e incluso deseable: la máxima tensión entre instituciones. La federación sostiene que el Gobierno del PP lleva a cabo lo que el fallecido dirigente de CDC Ramon Trias Fargas definió como una «asfixia premeditada» de las autonomías.

«El Estado nos falla», sostuvo Homs. «El Gobierno está llevando a Catalunya a una situación límite», insistió el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull. El enojo del Govern proviene del anterior CPFF, en el que Montoro se mostró displicente y desafiante ante los representantes autonómicos que reclamaron mayor flexibilidad del déficit. No fue solo Catalunya sino comunidades gobernadas por el PP las que ese día plantaron cara al ministro, junto a Asturias y Canarias y Andalucía.

Fue precisamente la consejera andaluza, Carmen Martínez Ayuso, la que ayer imitó a Mas-Colell y poco después de entrar en la reunión del CPFF decidió abandonarla en protesta por las imposiciones del Estado al endeudamiento de la Junta. Además, anunció que Andalucía denunciará ante el Tribunal Constitucional los límites al déficit autonómico. El consejero vasco, Carlos Aguirre, también consideró «comprensible» el plantón de Mas-Colell. Y en la votación, Asturias y Canarias se sumaron al reechazo a los techos de déficit y deuda que fijó Hacienda. En cambio, esta vez, los consejeros del PP, aleccionados tras la reunión de Mariano Rajoy con sus barones, hicieron piña con Montoro. O sea, nada que ver con las críticas que vertieron en el anterior CPFF.

PARCAS EXPLICACIONES / Cifras de déficit aparte, sobre lo más inmediato, el impago a las entidades sociales, Homs se limitó a pronosticar que no afectará a los usuarios. Algo que durante todo el día fue desmentido por numerosas asociaciones del tercer sector (más información en la página 26). El portavoz no supo cuantificar el volumen del impago. Lo que sí hizo CiU fue añadir a otro sospechoso habitual en el reparto de culpas: el tripartito.

El Govern tendrá ocasión de ampliar sus explicaciones dado que los grupos de izquierdas forzarán la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament para que el Ejecutivo comparezca en la Cámara. Socialistas e ICV-EUiA acusaron a la Generalitat de ahogar a los más débiles y fracasar en su política de recortes. Incluso ERC, fiel aliado de CiU en las denuncias ante el Estado, sostuvo que «la culpa es de Madrid, pero no solo de Madrid», en palabras de su portavoz, Anna Simó .