Tras el ajuste de 19.000 millones de euros impuesto a las comunidades en el 2012 para cumplir los objetivos de déficit público, Hacienda comunicó ayer a las consejeros autonómicos que deberán acometer otro adicional de 8.000 millones de euros en el 2013, el doble del que esperaban.

El 'conseller' Mas-Colell, junto a sus homólogos de Madrid, Percival Manglano (izquierda); Andalucía, Carmen Martínez, y Euskadi, Carlos Aguirre. JUAN MANUEL PRATS

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Información publicada en la página 6 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 13 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

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Los nuevos objetivos de déficit fijados por el ministerio fueron sometidos ayer a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La reunión no fue bien. Se notaba en el semblante del ministro, Cristóbal Montoro, al término del encuentro.

Catalunya, Andalucía, Canarias y Asturias votaron en contra de los objetivos de déficit que Montoro puso sobre la mesa, y dos comunidades del PP (Castilla y León y Extremadura) se abstuvieron. El País Vasco no votó. Las 12 restantes apoyaron situar el déficit autonómico en el 1,5% del PIB este año y en el 0,7% en el 2013, en lugar del 1,1% que las autonomías tuvieron en cuenta en mayo al elaborar sus planes de reequilibrio. De ahí el ajuste adicional de 4.000 millones que tendrán que encajar en el 2013 (8.000 en total). Para el 2014 se ha asignado un déficit del 0,1% a las autonomías y para el 2015, un superávit del 0,2% del PIB.

COMPARTIR EL ALIVIO / Los seis territorios que no apoyaron la senda fiscal que presentó el ministro argumentaron que si la UE había dado al conjunto de España un año más para reducir el déficit y había elevado en un punto de PIB el objetivo del 2012 (con una menor exigencia de 10.000 millones en recortes este año), el alivio debería ser compartido entre el Estado y las autonomías.

Pero Montoro se mantuvo firme. «Para qué sirve tener más déficit sobre el papel si no tienes acceso a los mercados para financiar el que ya tienes adjudicado» dijo el ministro. «No tiene ningún sentido».

El único respiro que el ministro ofreció fue la creación de un fondo del Tesoro para atender los vencimientos de deuda financiera y comercial de las autonomías. No son los hispabonos que pedía Catalunya, pero se le parecen. Hoy lo estudiará el Consejo de Ministros. «En modo alguno se mutualizará el riesgo en España, que seguirá correspondiendo a cada autonomía», dijo.

El ministro exhibió un tono exigente respecto a las autonomías. «Son unos objetivos ambiciosos que pretenden mandar un mensaje claro, contundente, de que España va a cumplir, de que el estado de las autonomías va a cumplir», dijo. Un mayor control de las cuentas territoriales es una de las exigencias de la UE, así como la aplicación a rajatabla de los mecanismos disciplinarios.

«Hemos advertido a varias autonomías sobre el riesgo de incumpliento. Eso significa que ponemos en marcha los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria», dijo el ministro. No quiso precisar ni a cuántas ni a qué autonomías se les había advertido por desviación en sus cuentas o por falta de información. Sin embargo, otras fuentes del CPFF hablaron de ocho, según Efe.

MECANISMO DISCIPLINARIO / En los próximos siete días se abordarán encuentros bilaterales con las autonomías amonestadas para corregir los problemas. En caso insatisfactorio, Montoro elevará al Consejo de Ministros una propuesta de advertencia, que es el primer paso de una cadena cuyos siguientes eslabones son bloqueo de un depósito cautelar, sanción e intervención.

Fue el Consejo más tenso de los tres celebrados en esta legislatura. El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, había hecho de mediador en anteriores reuniones. En la última evitó que el roce del Ministerio de Hacienda con Andalucía pasara a mayores. Pero ayer todo cambió. A su salida del encuentro, Mas-Colell usó un lenguaje de inusitada virulencia. «Me pregunto si tiene sentido venir, cuando bastaría con enviar un correo. El Gobierno central riñe a las autonomías, incluso a las suyas, y no las escucha. Es el ordeno y mando. Nos tratan como a súbditos en lugar de como a socios», señaló. Ya sobre el fondo de la cita, el conseller se preguntó si el Ejecutivo era «tan duro» consigo mismo como con las comunidades. Su respuesta: «No».

Andalucía también censuró el tono «amenazante» del ministro, e incluso tres administraciones del PP hicieron visible su descontento. Galicia, dio un «sí crítico», mientras que Castilla y León y Extremadura justificaron su abstención en que el ministro no les había convencido.

Pero el ministro no se movió: «Lo que hoy hemos adoptado es de obligado cumplimiento. Con independencia del color ideológico de sus gobiernos, las comunidades van a cumplir. No hay nada más que una opción: cumplir».